Martín Borrego Llorente renunció a su cargo como Coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tras ser señalado por el uso indebido del Museo Nacional de Arte (MUNAL) para un evento personal. La controversia surgió por acusaciones de abuso de poder debido a que Borrego solicitó el recinto para una recepción en octubre pasado.
En su carta de renuncia, presentada este martes, Borrego reconoció que el evento fue de carácter privado y que los gastos fueron cubiertos con recursos propios. “Este actuar no fue correcto para un funcionario ni digno de la confianza que depositó en mí. Lamento profundamente haber faltado a su confianza y que se vea involucrada en este episodio”, expresó en el comunicado dirigido a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena.
Borrego también declaró que su boda ocurrió un mes antes del evento realizado en el MUNAL y que durante la recepción varios diplomáticos lo felicitaron. En redes sociales, defendió que el evento siguió protocolos institucionales y acusó que algunos reportes omitieron detalles proporcionados en entrevistas previas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el uso inapropiado de espacios públicos. Durante su conferencia matutina del martes, Sheinbaum afirmó que se llevará a cabo una investigación para esclarecer el caso y subrayó que los servidores públicos “deben predicar con el ejemplo”.
Alicia Bárcena, quien era titular de Relaciones Exteriores en el momento de la solicitud del MUNAL, aclaró que no autorizó ni fue informada del uso del museo para fines personales. Asimismo, reiteró que ningún recurso público fue destinado para la realización del evento.
El MUNAL, un recinto histórico administrado por la Secretaría de Cultura, está destinado a actividades culturales o diplomáticas. El hecho de que se utilizara para una celebración privada generó críticas en medios y redes sociales.
Borrego, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano, admitió que fue inapropiado gestionar el espacio a través de canales oficiales. La polémica reavivó el debate sobre el uso ético de recursos e instalaciones gubernamentales.
La investigación anunciada por el gobierno busca establecer responsabilidades y evitar futuros casos similares en los que funcionarios puedan incurrir en conflictos de interés o abuso de poder.
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