Durante 2023, el 27.3% de las empresas y negocios en México fueron víctimas de algún delito, lo que equivale a 1.3 millones de unidades económicas, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi. La cifra representa un aumento respecto a 2022, cuando el porcentaje de empresas afectadas fue de 24.6%.
A pesar del incremento, la proporción de empresas víctimas de delitos es casi 10 puntos porcentuales menor que los niveles registrados hace una década. La inseguridad y la delincuencia siguen siendo una preocupación constante para el sector empresarial, ya que 6 de cada 10 unidades económicas consideran que esta es la problemática que más afecta sus operaciones.
El delito más frecuente reportado por las empresas es la extorsión. Una de cada cuatro compañías que sufrieron algún delito en 2023 fue víctima de extorsión. La tasa de este delito fue de 1,744 casos por cada 10,000 empresas, superando a los 1,562 casos registrados en 2022.
La extorsión se presenta de diversas maneras, desde llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales con amenazas y manipulaciones, hasta el cobro de piso, una práctica común en varias regiones del país. Este tipo de delito afecta tanto a micro, pequeñas, medianas como a grandes empresas.
Además del impacto económico que genera la delincuencia, el nivel de denuncias sigue siendo bajo. Solo el 12.2% de los incidentes registrados fueron denunciados ante las autoridades. Las principales razones para no denunciar son la desconfianza en las instituciones y los largos trámites burocráticos. Del total de quienes no denunciaron, el 58.9% atribuyó su decisión a causas relacionadas con las autoridades, mientras que el 33.4% lo consideró una pérdida de tiempo.
El costo de la inseguridad afecta las operaciones diarias de los negocios en el país. La ENVE destaca que los comercios y empresas deben implementar medidas adicionales para protegerse, lo que incrementa sus gastos operativos.
La extorsión y otros delitos siguen siendo una amenaza constante para el desarrollo económico. Los empresarios y comerciantes señalan la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad y aumentar la eficacia de las instituciones responsables para enfrentar estos desafíos.
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