En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército mexicano confiscó 28 mil 159 armas de fuego ilegales, una cantidad que, aunque significativa, palidece frente a las 200 mil armas que ingresan anualmente al país de manera ilegal, principalmente desde Estados Unidos. Esto equivale a unas 600 armas diarias, según datos oficiales obtenidos por EFE a través de solicitudes de transparencia.
A pesar de los esfuerzos, el número de decomisos quedó muy por debajo de las cifras reportadas por administraciones anteriores. El expresidente informó en su último informe de gobierno la confiscación de 52 mil 939 armas, casi el doble de lo registrado en este sexenio. El equipo militar incautado incluye desde pistolas y revólveres hasta lanzacohetes y lanzagranadas, utilizados por los cárteles en su expansión territorial y diversificación delictiva.
“Cada año ingresan más de 200 mil armas de contrabando a México, principalmente desde Estados Unidos. Esto refleja la enorme brecha entre un mercado de armas abierto como el estadounidense y uno muy restrictivo como el mexicano”, explicó el investigador Carlos Pérez Ricart, especialista en comercio de armas y seguridad.
En los últimos años, el problema se ha agudizado. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que el año con mayor número de aseguramientos fue 2022, con 5 mil 749 armas decomisadas. Sin embargo, esta cifra representa una mínima fracción frente a los flujos ilegales anuales estimados.
La violencia armada ha sido uno de los factores determinantes en los más de 160 mil homicidios registrados oficialmente durante el gobierno de López Obrador, cifra que asciende a más de 190 mil según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con Pérez Ricart, el 70% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego, un porcentaje que ha crecido significativamente en las últimas dos décadas.
Los estados con mayores decomisos coinciden con los de mayor violencia: Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y Jalisco encabezan la lista. Estas regiones han sido históricamente controladas por organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, identificados como los principales grupos armados por la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El tráfico de armas, señaló Pérez Ricart, no solo alimenta la violencia, sino que fortalece a las organizaciones criminales al diversificar sus actividades delictivas. «Las armas son el principal factor que explica la expansión de los cárteles y su capacidad para operar en todo el país», afirmó.
La dinámica entre ambos países continúa siendo un desafío. Mientras México aboga por el control de armas, el flujo desde Estados Unidos sigue incontrolable, perpetuando una crisis que amenaza la seguridad nacional y la estabilidad social.
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