El presidente Donald Trump instruyó a todas las agencias federales con jurisdicción en la frontera con México a intensificar las acciones para frenar el tráfico de armas hacia el sur, como parte de una nueva estrategia de seguridad que busca combatir la violencia atribuida a los cárteles mexicanos. La orden fue confirmada este jueves por funcionarios federales durante una conferencia de prensa en Arizona.
Según declaraciones del agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Phoenix, Brendan Iber, la instrucción presidencial y de la fiscal general Pam Bondi es «aplicar mano dura» en el combate al tráfico ilegal de armas. «Ahora que han designado a algunas de estas organizaciones como terroristas, se abre una amplia gama de cargos nuevos o adicionales que podemos añadir», indicó.
La medida responde a la reciente designación por parte de la administración Trump de varios grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, así como el Tren de Aragua de Venezuela y la pandilla MS-13 de El Salvador.
Con esta clasificación, todos los activos de dichas organizaciones bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. Además, se prohíbe a cualquier persona o entidad brindar apoyo financiero, material o logístico a los grupos designados, y las instituciones financieras están obligadas a bloquear cualquier transacción relacionada.
Durante la conferencia, el fiscal interino para Arizona, Timothy Courchaine, afirmó que el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México “alimenta la violencia y el poder de los cárteles”. Añadió que el nuevo enfoque considera a estos grupos como amenazas globales, lo cual exige una respuesta federal coordinada.
Además de la ATF, participaron en el anuncio representantes del Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias. Todas manifestaron su intención de perseguir con mayor rigor penal a los compradores intermediarios que adquieren armas legalmente en Estados Unidos para luego trasladarlas ilegalmente a México.
La administración Trump ha vinculado el combate al tráfico de armas con la estrategia de seguridad nacional, argumentando que el flujo ilícito de armamento desde territorio estadounidense refuerza la capacidad operativa de las organizaciones criminales y contribuye a la violencia tanto en México como en algunas regiones de Estados Unidos.
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