El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de fortalecer la regulación y control sobre armas, explosivos y sustancias relacionadas. El dictamen fue aprobado con 105 votos a favor y remitido al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma contempla una pena de hasta 20 años de prisión para quien fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o utilice artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones con explosivos. La pena se incrementará hasta 50 años cuando estas acciones estén vinculadas a la delincuencia organizada.
Además, se establecen sanciones de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes modifiquen o alteren cualquier tipo de arma. Esta disposición busca frenar la manipulación ilegal de armamento con fines delictivos.
El dictamen, respaldado por senadores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, también incluye disposiciones específicas sobre la posesión de armas por parte de ciertos sectores de la población. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán tener en sus domicilios escopetas de cualquier calibre, con excepción de las de cañón inferior a .635 milímetros o calibre superior a 18.5 milímetros.
Asimismo, los practicantes de tiro o cacería acreditados ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrán poseer hasta 10 armas de fuego en su domicilio. Estas disposiciones buscan equilibrar la regulación con el reconocimiento de actividades lícitas relacionadas con el uso de armas.
Los cambios legislativos contaron con el respaldo de la Secretaría de la Defensa, cuyos elementos participan activamente en tareas de seguridad pública. El dictamen también introduce una tipología moderna de armamento y accesorios, para actualizar la normativa a los estándares actuales.
Finalmente, la reforma establece seis objetivos centrales, entre ellos: consolidar el carácter de orden público de la ley, extender su aplicación a todo el país, fortalecer el control estatal sobre armas y explosivos, reorganizar las facultades de las autoridades competentes, y establecer campañas permanentes de desarme y cultura de paz a cargo de los tres órdenes de gobierno.
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