Godoy denunciará a jueza por ordenar retirar reforma del DOF

Por: Redacción | 18 de octubre de 2024, 3:22 pm CST

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, anunció este viernes que se presentará una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura luego de que una jueza ordenara eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial promulgada por el gobierno. Durante la conferencia matutina, Godoy expresó su rechazo a la decisión judicial, calificándola de «totalmente improcedente» y carente de fundamento jurídico.

«Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es improcedente lo que están ordenando los jueces», declaró Godoy, quien insistió en que la orden emitida carece de sustento legal, ya que los jueces no tienen la facultad de someter a revisión una reforma constitucional. «Esto representa una violación a la separación de poderes y un conflicto de interés», afirmó.

La orden judicial fue emitida por la jueza Nancy Juárez, quien pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum retire la publicación de la reforma judicial del DOF. Sin embargo, tanto Sheinbaum como su equipo jurídico han defendido la legalidad del proceso legislativo y aseguraron que no cumplirán con la instrucción. «No vamos a bajar la publicación», declaró la presidenta horas antes.

Godoy también recordó que situaciones similares ya se habían presentado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando la misma reforma fue impugnada sin éxito. «El acto ya está consumado», afirmó la consejera jurídica, quien subrayó que la publicación de la reforma fue un acto legítimo y conforme a las disposiciones del Poder Legislativo.

La denuncia ante el Consejo de la Judicatura, explicó Godoy, buscará que se revisen las actuaciones de los jueces implicados, ya que, según ella, se estaría sobrepasando la autoridad judicial. «Los jueces no pueden autofacultarse para revisar una reforma constitucional, y mucho menos interferir en el proceso legislativo», subrayó.

Por último, Godoy advirtió que el gobierno no permitirá que decisiones judiciales sin sustento retrasen o obstaculicen las reformas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente aquellas de gran relevancia, como la reforma judicial. «Estamos tomando las medidas necesarias para asegurar que el proceso continúe y que se respeten las decisiones democráticas», concluyó.

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