La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de México, en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado. La reforma fue remitida al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión, se aprobó una modificación en lo particular presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), que suprime un párrafo clave del artículo 27, que previamente señalaba que «El Estado queda a cargo de la transición energética». Esta eliminación responde a la intención de evitar que el Estado sea el único responsable de la transición energética, lo que, según algunos legisladores, podría limitar la participación del sector privado en la producción y distribución de energía.
La reforma también incluye cambios en el artículo 28, donde se eliminó el objetivo de «asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor», además de una modificación en la mención de los ferrocarriles como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, precisando que incluyen tanto el transporte de carga como de pasajeros. Asimismo, se introdujo la palabra «asignaciones» en lugar de «concesiones o permisos», en referencia al otorgamiento de permisos en sectores estratégicos.
Diversos grupos parlamentarios presentaron propuestas para modificar el proyecto, pero solo se aceptó la reserva presentada por la diputada Ayala Leyva. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la modificación busca corregir el dictamen y evitar que el Estado se vea obligado a gestionar exclusivamente la transición energética, dada la falta de capacidad económica para tal tarea. Según Monreal, la medida permitirá que tanto el Estado como el sector privado participen activamente en la transición.
Por otro lado, varios legisladores de la oposición expresaron su desacuerdo con los cambios. El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) advirtió que la modificación contraviene los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, al reducir las responsabilidades del Estado en la transición energética. La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancillas (MC) también se manifestó en contra, argumentando que la reforma elimina la responsabilidad del Estado en el medio ambiente y la transición energética.
Otros diputados, como Dolores Padierna Luna (Morena), defendieron la reserva al señalar que elimina el monopolio del Estado en la transición energética y permite la participación privada, siempre con la rectoría del Estado. Sin embargo, figuras como Julen Rementería Del Puerto (PAN) insistieron en que esta reforma limita la capacidad del Estado para garantizar la transición energética y cumplir con los compromisos internacionales en materia de energías limpias.
Con la aprobación de esta reforma, se busca redefinir las áreas y empresas estratégicas del Estado, incluyendo el sector energético y ferroviario, y ajustar la participación de los actores públicos y privados en la gestión de estos recursos. El proyecto ahora será analizado por el Senado, donde se espera que continúen los debates sobre el alcance de las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados.
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