El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter de empresas públicas del Estado. Esto supone un cambio de enfoque, alejándose de la visión de generar ganancias establecida durante la administración de Enrique Peña Nieto, para centrarse en la provisión de servicios energéticos a la nación.
Con 352 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, la Cámara avaló la sexta reforma constitucional de López Obrador. Además de restituir el papel del Estado en la gestión energética, la reforma otorga prevalencia a la CFE en la prestación de servicios públicos de electricidad e internet, una medida que la oposición advierte podría derivar en la monopolización de ambos servicios.
Durante la sesión, las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PAN intentaron frenar la discusión con mociones suspensivas, las cuales no prosperaron. La diputada Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) calificó la reforma como un intento de «constitucionalizar la contrarreforma energética» de López Obrador, que fue invalidada por la Suprema Corte en 2019 por violar el derecho al medio ambiente. “Esta Cámara debe cumplir la sentencia del máximo tribunal”, exigió Ballesteros, criticando a la mayoría legislativa de Morena por, según ella, ignorar la legalidad del fallo.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN) alertó sobre los riesgos de transformar a Pemex y CFE en empresas públicas, destacando la pesada deuda de tres billones de pesos que enfrentan las paraestatales. Monraz Ibarra también cuestionó a Morena sobre las promesas incumplidas de la administración de López Obrador, como la reducción del precio de la gasolina y de la electricidad.
El artículo tercero transitorio de la reforma establece la derogación de las disposiciones de la reforma energética de 2013, promovida por Peña Nieto. Este cambio fue celebrado por Ricardo Mejía (PT), quien afirmó que la reforma «sepulta el engendro del pacto por México» del sexenio anterior.
La nueva normativa también modifica el artículo 28 de la Constitución, indicando que no constituirán monopolios las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas como la planeación y control del sistema eléctrico. Según Alma Rosa de la Vega (Morena), este paso es fundamental para recuperar el patrimonio nacional y fortalecer el bienestar social. De la Vega negó que la reforma excluya a la iniciativa privada, afirmando que solo busca regular su participación en beneficio de la ciudadanía.
No obstante, Mario Zamora (PRI) advirtió que priorizar a la CFE en la generación de electricidad podría traducirse en un servicio menos eficiente y más costoso, afectando especialmente a los sectores industriales que dependen de energía para generar empleo e inversiones.
Por su parte, la diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) criticó la gestión energética del gobierno de López Obrador, señalando los sobrecostos y la baja capacidad de la Refinería Dos Bocas, al tiempo que cuestionó la presunta corrupción en torno al proyecto.
La reforma ahora pasará al Senado de la República para su análisis y dictaminación.
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