El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de «aberración» la intención de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de realizar una consulta al pleno para detener la reforma judicial. En su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que no existe fundamento constitucional para dicha acción y que representaría una «arbitrariedad» que afectaría la vida pública del país.
«No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de derecho. Sería como optar por la ley de la selva», declaró López Obrador, mostrando su desacuerdo con la posibilidad de que la SCJN intervenga en el proceso legislativo de la reforma.
El presidente ha sido un crítico constante de la Suprema Corte y reiteró que los ministros «no les importa la democracia ni la justicia, solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios». Esta postura refuerza su narrativa en torno a la necesidad de reformar el Poder Judicial para acabar con lo que él considera un sistema lleno de corrupción e impunidad.
Ayer, Norma Piña dio luz verde a una consulta al pleno de la Corte, tras la solicitud de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes consideran que la reforma judicial impulsada por el presidente violenta la autonomía e independencia del PJF. La ministra Lenia Batres Guadarrama será la encargada de revisar ambas solicitudes.
Batres, quien ha defendido abiertamente la reforma judicial promovida por López Obrador y que ya fue aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, será clave en la decisión final de la Corte respecto a la viabilidad de la consulta.
El presidente expresó su escepticismo ante la posibilidad de que la consulta de Piña prospere y criticó duramente su propuesta, afirmando que «es más que un exabrupto» y que la presidenta de la Corte «ahora está peor». López Obrador insistió en que la facultad de realizar reformas a la Constitución corresponde al Poder Ejecutivo y al Legislativo, no al Judicial.
Con la reforma judicial a punto de ser discutida en el Senado, la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial parece intensificarse. Mientras López Obrador impulsa cambios profundos al sistema judicial, la SCJN busca preservar su independencia, generando un debate que impacta directamente en el equilibrio de poderes en México.
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