La Secretaría de las Mujeres informó que actualmente 24 entidades federativas han concretado la despenalización del aborto voluntario. El balance institucional fue difundido durante el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, destacando la ampliación de garantías legales en la mayor parte del territorio nacional.
El proceso de armonización en los congresos locales responde a una integración de reformas legislativas y sentencias del Poder Judicial federal. El precedente central en la materia es la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, documento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2021 que la criminalización absoluta de esta práctica transgrede el orden constitucional.
El máximo tribunal estableció que penalizar la interrupción del embarazo vulnera directamente el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su vida reproductiva. A partir de la emisión de este criterio jurisprudencial vinculante, los congresos estatales han modificado paulatinamente sus respectivos códigos penales.
La consolidación de este andamiaje institucional fue documentada por especialistas y representantes de la sociedad civil. María Consuelo Mejía, impulsora de la agenda de género, señaló que los cambios legislativos materializan procesos prolongados de incidencia pública orientados al reconocimiento formal de la autonomía corporal.
Criterios de atención sanitaria
En el ámbito de la política pública, la normativa federal impone lineamientos de acatamiento obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. Específicamente, la operación de la NOM-046-SSA2-2005 mandata a las instituciones públicas de salud garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación, sin condicionar la atención a la presentación de una denuncia penal previa.
El marco normativo estipula que, para las usuarias mayores de 12 años, el requerimiento clínico procede únicamente con la presentación de una solicitud por escrito redactada bajo protesta de decir verdad. Bajo estas directrices legales vigentes, las unidades médicas mantienen la infraestructura para atender casos de abortos tanto espontáneos como inducidos.
Para asegurar la instrumentación territorial de estas disposiciones operativas, la dependencia federal ejecuta jornadas permanentes orientadas a la difusión de garantías constitucionales. Esta estrategia se apoya operativamente en brigadistas institucionales y en la infraestructura de la red de Centros LIBRE.
Dichas instalaciones fungen como mecanismos de contacto ciudadano para la distribución de materiales informativos sobre derechos sexuales y reproductivos. La red institucional concentra sus labores en detallar los alcances específicos de la normatividad sanitaria y en gestionar los canales formales de orientación para las usuarias.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.