El Instituto de Política Laboral, A.C. (IPL), expresó su profunda preocupación por la iniciativa de ley presentada el 5 de febrero por el Presidente de la República para reformar el Poder Judicial de la Federación y los tribunales de los estados, la cual tendría repercusiones significativas en los tribunales laborales. Rubén López Malo, presidente de la institución, destacó que esta reforma no ha sido analizada adecuadamente en su impacto en la justicia laboral.
“Coincidimos con especialistas en que, de aprobarse la reforma judicial, especialmente la propuesta de elegir a todos los jueces por voto directo, se ocasionaría el despido injustificado de más de mil seiscientos jueces federales y más de cinco mil jueces estatales”, indicó López Malo. “Entre estos servidores públicos estarían más de 120 jueces laborales federales y cerca de 180 del fuero local, quienes fueron designados mediante un proceso de selección por méritos que concluyó en octubre de 2022”.
López Malo advirtió que la inestabilidad resultante de la destitución de estos jueces afectaría la competitividad del país, generando incertidumbre jurídica que podría disuadir a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. “Además, el rezago en los juicios laborales en trámite, debido a la inexperiencia y período de adaptación de los nuevos jueces, perjudicaría a los trabajadores, el grupo más vulnerable en estos casos”, añadió.
El presidente del IPL también señaló que esta reforma podría interpretarse como un incumplimiento de los compromisos del Estado mexicano en el Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en particular en las garantías procesales pactadas en el artículo 23.10, punto 6. “La elección de jueces laborales por voto universal y directo podría afectar su imparcialidad e independencia debido a la intervención de poderes fácticos”, enfatizó.
Asimismo, López Malo recordó que la alianza parlamentaria afín al régimen no tiene asegurada la mayoría necesaria en ambas cámaras del Congreso para aprobar la reforma judicial sin consensos. “Es una iniciativa inoportuna que ignora reformas anteriores procesadas con diálogo social y la participación de los Poderes de la Unión y actores políticos relevantes, como la reforma constitucional al Poder Judicial de 2021 y la reforma laboral de 2017”, señaló.
El entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó en 2021 que la reforma judicial había creado una carrera basada en el mérito, igualdad de oportunidades y paridad. “No es recomendable un cambio abrupto tan pronto”, añadió López Malo. También recordó que la reforma laboral de 2017 fue el resultado de años de trabajo y diálogo, culminando en la creación de los Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales.
Finalmente, López Malo concluyó que la reforma judicial propuesta podría erosionar el estado de derecho en materia laboral, poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas. “México necesita jueces con experiencia, imparcialidad y transparencia, cualidades que no se garantizan con la reforma propuesta”, afirmó.
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