La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha rechazado categóricamente la reciente declaración emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un foro internacional no gubernamental integrado por 37 exjefes de Estado y de Gobierno. La declaración de IDEA critica la propuesta de elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces en México, una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el apoyo de diez senadores y diputados de Morena, PT y PVEM, y la oposición de cuatro legisladores del PAN, PRI y MC, el Congreso declaró que la intervención de los expresidentes, incluidos los mexicanos Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, atenta contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo mexicano. El resolutivo único del Poder Legislativo califica la declaración como un acto de injerencia inaceptable en los asuntos internos de México.
La senadora María Gaitán Díaz (PVEM) destacó la importancia de la reforma judicial, que se espera sea aprobada en septiembre próximo por la nueva LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Gaitán Díaz argumentó que las elecciones del pasado 2 de junio confirmaron la necesidad de modificar el Poder Judicial para erradicar el nepotismo, eliminar la corrupción y acercar a los juzgadores a la población, manteniendo un equilibrio real e independencia entre los tres poderes de la Unión.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) afirmó que las críticas a la reforma se deben a los altos ingresos de los consejeros de la Judicatura Federal, magistrados de circuito y jueces de Distrito, que serían afectados económicamente. García Almaguer señaló que cada consejero de la Judicatura recibe más de 5 millones de pesos al año, mientras que los magistrados de circuito y jueces de Distrito ganan alrededor de 4 millones de pesos anuales.
Carlos León García, diputado federal de MC, reconoció la necesidad de una reforma judicial integral en México, pero criticó la propuesta del presidente López Obrador, calificándola de «a modo de revancha». León García argumentó que la reforma no mejora el acceso a la justicia, no aborda las fiscalías, no fortalece las defensorías públicas ni otorga condiciones dignas de trabajo a las policías.
La senadora priista Beatriz Paredes planteó dos preguntas para promover la reflexión y el análisis: «¿Cómo podemos abstraer las elecciones de los juzgadores de la injerencia de los poderes fácticos? ¿Cómo podemos abstraer la elección de los jueces de Distrito para que los mandarines del gran capital o el crimen organizado no tengan jueces de Distrito a modo?».
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