Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey y Martín Faz, respaldaron la decisión del Senado de rechazar el adelanto de la revocación de mandato a 2027. Los integrantes del Consejo General calificaron la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum como un ejercicio inequitativo que ponía en riesgo la imparcialidad de la contienda federal y la capacidad operativa del órgano electoral.
La consejera Humphrey señaló que el planteamiento impedía a los partidos políticos el uso de tiempos en radio y televisión para posicionarse sobre el ejercicio, lo que limitaba la difusión de posturas a favor o en contra. Por su parte, el consejero Faz Mora destacó que separar la consulta de la jornada electoral de diputados y jueces es positivo para garantizar la equidad en la contienda.
Impacto laboral y posibles inconstitucionalidades
Respecto a la aprobación de la reducción de remuneraciones para funcionarios del INE, Humphrey advirtió que la reforma podría ser inconstitucional. Argumentó que, según el artículo 72 constitucional, un tema rechazado en una propuesta de reforma (como ocurrió con el «plan A») no puede presentarse nuevamente en el mismo periodo de sesiones.
Asimismo, se manifestó preocupada por la eliminación de bonos electorales, mecanismo utilizado para compensar las jornadas de trabajo ininterrumpidas durante los procesos comicios. «Cualquier funcionario podría demandar a la institución» por el pago de horas extras, lo cual resultaría más costoso que el esquema actual de bonificaciones, explicó la consejera.
Desmotivación y complejidad operativa
El consejero Martín Faz aseveró que las modificaciones salariales generarán desmotivación laboral entre el personal especializado del instituto. Criticó que, mientras los partidos políticos protegieron sus intereses, el INE recibió el impacto más complejo de la reforma, afectando directamente a quienes realizan la «chamba constante» en campo y oficinas distritales.
Finalmente, ambos consejeros coincidieron en que la realización simultánea de la elección de diputados federales, la segunda etapa de la elección de jueces y magistrados y una eventual revocación de mandato en 2027, habría representado un desafío logístico sin precedentes que podría haber comprometido la eficiencia del proceso electoral.
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