El diputado federal Federico Döring Casar (PAN) afirmó que la bancada de Acción Nacional no teme la posible aparición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la boleta electoral bajo el esquema del ‘Plan B’, pero advirtió que la reforma busca normalizar la intervención del Ejecutivo en los procesos de participación ciudadana.
En declaraciones a medios, Döring sostuvo que la estrategia de Morena no responde a una genuina confianza en la popularidad de la mandataria, sino a la creación de un marco legal que permita realizar «trampa electoral» mediante el uso de recursos y plataformas institucionales para hacer campaña.
Crítica a la fiscalización electoral
El legislador panista recordó que, en administraciones previas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detectó incidencias indebidas en más de 100 conferencias de prensa. Bajo el nuevo esquema propuesto, Döring señaló que se corre el riesgo de «contaminar el debate político» al dar un pretexto legal para defender la gestión de gobierno en tiempos prohibidos.
Para el bloque opositor, el objetivo central de la reforma es que el Gobierno de México sea quien imponga la agenda pública, desplazando la dinámica de contraste entre partidos políticos y candidatos independientes hacia una estructura de comunicación oficialista financiada con recursos públicos.
Distracción de crisis ambientales
Döring Casar denunció que la discusión sobre el ‘Plan B’ ha servido como un distractor ante temas críticos para la nación. Mencionó específicamente la crisis ambiental en el Golfo de México y la situación de los pescadores en Veracruz, Campeche y Tabasco, quienes han perdido ingresos previo a la Semana Santa debido a incidentes vinculados a la infraestructura de Dos Bocas.
«En vez de hablar de la tragedia ambiental y la corrupción, se está hablando del Plan B», enfatizó el diputado, sugiriendo que la celeridad legislativa de la reforma electoral busca minimizar el costo político de los accidentes y derrames registrados en el sureste del país.
Riesgos de financiamiento e institucionalidad
Por su parte, el consejero nacional del PAN, Rafael Calderón, calificó la propuesta de revocación de mandato como un instrumento de «promoción política desde la esfera del poder». Aseguró que el proyecto distorsiona el espíritu democrático para «institucionalizar la mapachería electoral» en todo el territorio nacional.
Finalmente, la dirigencia albiazul reprochó que la reforma omitiera mecanismos de control para evitar el ingreso de dinero del narcotráfico en las campañas, centrando el esfuerzo legislativo en el control de la paridad de género y la permanencia de la figura presidencial en la narrativa electoral cotidiana.
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