El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó a las autoridades de Estados Unidos tras ser señalado por el Departamento del Tesoro por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El excolaborador del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, compareció ante la justicia en Nueva York, ciudad donde es requerido junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
Esta entrega voluntaria ocurre en el marco de una investigación formal hecha pública por el gobierno estadounidense el pasado 29 de abril. En dicho expediente, se acusa a integrantes de la administración estatal de utilizar sus cargos públicos para beneficiar a organizaciones del crimen organizado, específicamente a la facción de «Los Chapitos».
Detenciones relacionadas y procesos judiciales
La situación de Díaz Vega se suma a la captura de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien fue detenido el pasado lunes 11 de mayo en Arizona. Según registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), Mérida Sánchez se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en espera de su audiencia inicial.
Documentos judiciales con fecha del 12 de mayo confirman que Mérida Sánchez contará con representación legal proporcionada por la corte de Nueva York. El exmando policial fue interceptado por las autoridades tras cruzar la frontera por la Garita de Nogales, consolidando así las acciones legales emprendidas por la Fiscalía del Distrito Sur contra la estructura de seguridad y finanzas de la entidad.
Acusaciones del Departamento del Tesoro
El pliego acusatorio del Departamento de Estado y del Tesoro señala que los exfuncionarios sinaloenses habrían establecido una red de colaboración con grupos delictivos. Las investigaciones apuntan a que los cargos públicos fueron fundamentales para la operación logística y financiera del Cártel de Sinaloa en la región.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen bajo custodia a los dos exsecretarios de mayor rango dentro del gabinete de Rocha Moya. Se prevé que las comparecencias en las cortes de Nueva York aporten nuevos detalles sobre la extensión de los presuntos vínculos entre el servicio público y las actividades ilícitas señaladas en la acusación federal.
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