El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de la Contraloría General y a la Fiscalía General de Justicia de la capital iniciar una investigación sobre la administración de la alcaldía Azcapotzalco, encabezada por Nancy Marlene Núñez Reséndiz, por presuntas irregularidades en la asignación de contratos de obras, bienes y servicios públicos.
Registros alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que entre 2025 y el primer trimestre de 2026 la demarcación territorial otorgó 571 adjudicaciones directas, cuyo valor acumulado supera los 534 millones de pesos. El indicador muestra que durante 2025 un total de 358 de 462 contratos se asignaron mediante este procedimiento omiso de competencia, mientras que en los primeros tres meses de 2026 la proporción alcanzó 108 de 109 contratos dictaminados.
Concentración de contratos y señalamientos
La revisión del ejercicio presupuestal busca determinar si la omisión recurrente de licitaciones públicas vulneró la normatividad en materia de adquisiciones y arrendamientos, al limitar la libre concurrencia de proveedores y la evaluación de criterios de precio, calidad y capacidad técnica para el suministro de servicios locales.
Entre las operaciones requeridas para auditoría destaca el expediente de la empresa Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM ENR, proveedora que obtuvo cuatro contratos por aproximadamente 9 millones de pesos entre 2025 y 2026 —tres asignados vía directa y uno mediante invitación restringida— para el arrendamiento de vehículos destinados a labores de seguridad.
La firma proveedora figuraba con estatus de registro cancelado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) desde diciembre de 2025, inconsistencia administrativa que forma parte de los elementos turnados a los órganos de fiscalización.
Antecedentes e implicaciones legales
Esta acción parlamentaria se suma a pronunciamientos previos realizados en el Pleno del Congreso capitalino respecto a la expedición de permisos de construcción en la demarcación, con el propósito de verificar si la gestión local incurrió en un patrón sistemático de opacidad institucional.
El deslinde de responsabilidades administrativas o penales quedará sujeto a los dictámenes técnico-financieros que emitan las autoridades fiscalizadoras, en un contexto donde el uso recurrente de la asignación directa contraviene los principios constitucionales de eficiencia y transparencia en la administración de los fondos públicos.
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