El Gabinete de Seguridad de México confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ocurrida el pasado lunes 11 de mayo en territorio estadounidense. El arresto del general en retiro se registró el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteraba la exigencia al gobierno de Estados Unidos de presentar pruebas sobre las acusaciones contra funcionarios mexicanos.
De acuerdo con una tarjeta informativa de las autoridades federales, Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la Garita de Nogales hacia el estado de Arizona. Tras cruzar la frontera, el exfuncionario quedó bajo la custodia de los U.S. Marshals y posteriormente fue trasladado a Nueva York para ser recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Cargos criminales y proceso en Nueva York
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York imputa a Mérida Sánchez delitos graves que incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser hallado culpable, el exmando policial podría enfrentar una condena de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.
Estas acusaciones son coincidentes con las formuladas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro del mismo expediente judicial abierto por las autoridades neoyorquinas. El Gabinete de Seguridad mexicano indicó que mantiene canales de comunicación con Washington bajo los esquemas de cooperación internacional vigentes.
Postura de la presidencia de México
Durante la jornada del arresto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso, calificándolo como un «asunto jurídico» vinculado directamente con la «soberanía de México». La mandataria subrayó que, hasta el momento, la administración de Donald Trump no ha presentado las pruebas necesarias para sustentar los señalamientos contra los sinaloenses.
Sheinbaum también descartó la posibilidad de una extracción de Rocha Moya sin el debido proceso, insistiendo en que cualquier acción legal debe estar debidamente documentada. La detención de Mérida Sánchez, quien fungió como titular de seguridad entre 2023 y 2024, marca un punto crítico en las tensiones bilaterales por la supuesta protección a facciones del Cártel de Sinaloa.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.