Durante la discusión de la Ley General de Aguas, la diputada federal Claudia Quiñones Garrido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), por Veracruz, solicitó una moción de ilustración para conocer el documento que acreditara la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, requisito establecido en la Constitución y en tratados internacionales. La Presidencia de la Mesa Directiva confirmó que no existe dicho documento, pese a que la legisladora afirmó haberlo solicitado en diversas ocasiones.
Quiñones señaló que la ausencia de este expediente evidencia un proceso sin información completa para el análisis legislativo. Indicó que se requiere conocer los alcances de la iniciativa a fin de garantizar que los derechos colectivos de los pueblos originarios sean considerados conforme a la normatividad aplicable.
Solicitan información sobre participación comunitaria
La diputada cuestionó que no se hayan realizado foros presenciales, consultas abiertas ni mecanismos de participación dirigidos a comunidades indígenas. Durante su intervención, expresó interrogantes sobre la metodología prevista para integrar estas voces en el proceso legislativo. “¿Dónde están las consultas? ¿Quién dialogó con las comunidades?”, dijo ante el pleno.
Asimismo, sostuvo que la iniciativa plantea una mayor centralización en las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, lo que, según expuso, implicaría que las decisiones sobre concesiones y trámites quedarían sujetas a una sola autoridad. Consideró que este esquema incrementaría la carga administrativa para campesinos que requieren traslados prolongados para realizar gestiones.
Señalamientos sobre impactos en productores
De acuerdo con la legisladora, la propuesta incorpora obligaciones técnicas que resultarían complejas de cumplir para pequeños y medianos productores. En su intervención afirmó que estas disposiciones podrían derivar en sanciones para quienes no cuenten con recursos para cumplir con los requisitos establecidos. “Esta reforma dañará gravemente a agricultores, ejidatarios y comuneros”, expuso.
La diputada añadió que la iniciativa no contempla programas de tecnificación, infraestructura o acompañamiento que faciliten la adecuación de los productores a los nuevos lineamientos. Señaló que este escenario genera incertidumbre en sectores rurales que dependen directamente del acceso al recurso hídrico.
Discusión presupuestaria y demandas del sector rural
Quiñones también mencionó que no se han destinado recursos suficientes para infraestructura hídrica, a pesar de que el dictamen reconoce el derecho humano al agua. Indicó que la falta de presupuesto limita la capacidad gubernamental para garantizar la disponibilidad y el saneamiento del recurso en regiones rurales.
Finalmente, la diputada destacó las manifestaciones de agricultores que se han movilizado para expresar sus preocupaciones respecto a la reforma. “El campo merece respeto, certeza y una ley justa”, afirmó al concluir su participación en el pleno.
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