El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de la Ley General de Aguas, al afirmar que la propuesta mantiene en el Artículo 22 la prohibición de transmitir derechos derivados de concesiones y asignaciones. De acuerdo con su coordinador, Rubén Moreira, este punto afecta directamente a productores del campo y no atiende los criterios constitucionales y judiciales en la materia.
Moreira señaló que la iniciativa carece de consulta a pueblos originarios y centraliza el control del recurso hídrico. Indicó que su bancada presentó una moción suspensiva al considerar que el proceso legislativo debía incluir la participación de quienes se manifestaron afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Subrayó que suspender la discusión hubiera permitido escuchar cada observación de comunidades y organizaciones nacionales.
El legislador reconoció el trabajo de su bancada en la organización de ocho foros estatales, donde participaron más de ocho mil productores, especialistas y ciudadanos, con el fin de identificar preocupaciones y propuestas sobre el contenido de la ley. Explicó que estos ejercicios permitieron reunir información sobre los posibles impactos en regiones agrícolas y comunidades rurales.
En la misma línea, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo afirmó que en la Comisión de Recursos Hidráulicos se realizaron reuniones a puerta cerrada en las que productores quedaron excluidos. Señaló que no se creó una comisión específica para escuchar a los sectores involucrados.
Por su parte, el diputado Luis Gerardo Sánchez expuso que la Conagua ha reconocido 58 mil irregularidades en su padrón. Añadió que el organismo cuenta únicamente con 350 inspectores para supervisar más de 550 mil concesiones, lo que, dijo, limita la capacidad institucional para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y la propuesta.
Las y los legisladores del PRI señalaron que el Artículo 37 Bis 1 abre la posibilidad de que el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales concentre volúmenes bajo control exclusivo del Estado sin mecanismos claros de transparencia. Agregaron que el Artículo 37 Bis 2 permitiría reasignaciones que podrían afectar a productores, a lo que sumaron que en la Ciudad de México se pierde “hasta 40% del agua por fugas”, lo que, afirmaron, evidencia desafíos estructurales no abordados en el dictamen.
La bancada tricolor sostuvo que no se opone a legislar en materia hídrica, pero sí a hacerlo sin estudios sólidos ni certeza jurídica. Consideró que el dictamen podría derivar en riesgos de interpretación, criminalización y nuevos incentivos para prácticas irregulares, especialmente ante la limitada capacidad operativa de la Conagua.
Durante más de 24 horas de debate, diputadas y diputados del PRI participaron en tribuna para plantear su postura y señalar que comunidades campesinas y pueblos originarios quedaron fuera del proceso pese a ser sectores directamente afectados por la legislación en discusión.
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