La investigación encaminada a esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se mantendrá activa hasta localizar a los jóvenes y deslindar responsabilidades penales. Así lo sostuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al ratificar el compromiso de su administración con el acceso a la verdad y la procuración de justicia mediante el uso de herramientas metodológicas e inteligencia técnica en el caso.
Durante su conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo expuso que el avance institucional en el expediente contempla nuevas órdenes de aprehensión ejecutadas contra civiles y exservidores públicos vinculados a la alteración de pruebas. Entre las diligencias recientes se encuentra la detención de personas asociadas a la operación de un establecimiento funerario en Iguala, Guerrero, el cual funcionaba al margen del marco regulatorio sanitario y presuntamente mantenía nexos con el Servicio Médico Forense (Semefo) local y estructuras de la delincuencia organizada.
La mandataria puntualizó que las acciones jurisdiccionales también han alcanzado a exmandatarios y mandos judiciales que entorpecieron el procedimiento ordinario de investigación. En ese contexto, se inscribió la captura de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, señalada por la supresión de videograbaciones institucionales, así como los mandamientos judiciales promovidos respecto a las omisiones atribuidas al exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el ámbito procesal de la administración federal, Sheinbaum Pardo recordó las implicaciones legales contra el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, instruidas por la elaboración del expediente administrativo denominado «Verdad Histórica». Argumentó que dicha narrativa alteró la reconstrucción de los hechos acontecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
Por su parte, la conducción de la investigación bajo la titularidad del fiscal especial Mauricio Pazarán prioriza el análisis pericial exhaustivo del tráfico de telecomunicaciones. El rastreo de geolocalización e interacción de los equipos celulares que pertenecían a los estudiantes normalistas permitió identificar comunicaciones clave no procesadas en etapas previas, las cuales vinculan a probables responsables detenidos con personal médico y con la red de servicios funerarios investigada.
Extradiciones y peritajes en sedes judiciales
Adicionalmente, las autoridades federales fortalecieron la línea de investigación correspondiente a la presencia de los normalistas en el Juzgado de Barandilla de Iguala. El hallazgo pericial de un dispositivo telefónico en las inmediaciones de dicha sede administrativa ratificó la hipótesis de la presencia de los jóvenes en el inmueble, hecho que previamente había sido desestimado en los partes oficiales.
Ante dicho elemento probatorio, la administración federal aceleró el trámite de extradición contra el exjuez José Ulises Bernabé García, a fin de deslindar responsabilidades sobre el flujo de custodia e informes rendidos por las autoridades municipales durante el desarrollo de los acontecimientos.
En lo relativo al estatus del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Luco, la presidenta confirmó el envío de una comunicación oficial y expediente probatorio al presidente de Israel, Isaac Herzog. Debido a la ausencia de un tratado bilateral de extradición con dicho país, el gobierno mexicano encausa la entrega del exfuncionario a través de mecanismos de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua.
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