El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República emitirá su voto en contra de la iniciativa de reforma que condiciona el acceso a cargos de elección popular de alto nivel a la renuncia previa de la ciudadanía extranjera. Así lo confirmó el coordinador parlamentario de la bancada, Manuel Añorve Baños, al calificar la medida como un menoscabo a los derechos políticos de los connacionales con doble nacionalidad.
La minuta a discusión en la Cámara de Senadores mantiene la validez de la doble nacionalidad en términos generales, pero impone una restricción explícita para aspirantes a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bajo este ordenamiento, los ciudadanos que pretendan postularse a dichas representaciones ejecutivas deberán presentar la separación formal de su nacionalidad extranjera antes de concretar su registro como candidatas o candidatos.
Al fijar la postura institucional del priismo, Añorve Baños enfatizó el impacto que esta disposición supone para las comunidades mexicanas en el exterior. Señaló que este sector transfiere anualmente más de 60 mil millones de dólares al territorio nacional a través de divisas familiares, por lo que desestimó el criterio legal que les limita el ejercicio de sus libertades políticas de carácter pleno.
El legislador priista aseveró que la bancada del tricolor acudirá en su totalidad al pleno legislativo para dar el debate contra la propuesta. Sostuvo que el marco normativo actual debe garantizar la igualdad jurídica y evitar distinción entre categorías de ciudadanos en razón de su estatus de adscripción territorial o legal.
De acuerdo con las disposiciones transitorias del dictamen, la exigencia de renuncia a la ciudadanía extranjera entraría en vigor a partir del año 2028. En consecuencia, el ordenamiento no tendría efecto retroactivo ni aplicaría para el proceso electoral de 2027, en el cual se renovarán 17 gubernaturas en el país.
El bloque senatorial del PRI anticipó que mantendrá una línea de votación unificada frente a la reforma constitucional en la sesión cameral, bajo el argumento de que las restricciones institucionales impuestas a los mexicanos con doble nacionalidad contravienen los avances históricos en materia de protección amplia de derechos humanos e inclusión de la diáspora.
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