El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados emitió un rechazo institucional frente al dictamen discutido en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, al advertir que la homologación de trámites y la implementación de un sistema digital de información generarán un incremento directo en el cobro del impuesto predial en los municipios del país. La representación priista argumentó que la disposición legal obliga a la actualización catastral sin otorgar recursos extraordinarios desde el Poder Ejecutivo Federal, trasladando el impacto financiero a las finanzas locales y a las familias.
Durante la sesión ordinaria del órgano colegiado, el diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar expuso que la iniciativa impulsada por el bloque mayoritario implica un riesgo directo sobre la certeza jurídica y el patrimonio inmobiliario de la ciudadanía. El legislador tricolor señaló que las eventuales fallas o inconsistencias en la captura de datos dentro de los nuevos sistemas digitales podrían afectar los expedientes de propiedad, herencias y créditos de vivienda constituidos a lo largo de décadas.
La bancada del tricolor enfatizó que la exigencia de actualizar plataformas tecnológicas, contratar personal técnico especializado y mantener la infraestructura operativa generará una erogación que no se encuentra respaldada por una partida presupuestal en el plano federal. Ante esta omisión en el diseño financiero del proyecto, la representación tricolor sostuvo que las administraciones municipales se verán obligadas a reorientar recursos destinados a servicios públicos básicos o a incrementar las tasas catastrales locales para dar cumplimiento al mandato.
Paralelamente, el legislador puntualizó que el mecanismo legal puesto a consideración del pleno vulnera de forma directa las facultades conferidas a los municipios a través del artículo 115 constitucional. Argumentó que la medida constituye una intrusión de la Federación en la administración de las haciendas municipales y sienta un precedente para posteriores intervenciones en materia de fiscalización, finanzas públicas y auditoría local.
Falta de asignación presupuestal y afectación al patrimonio
En su intervención, Yáñez Cuéllar precisó que el posicionamiento de su partido no se opone al desarrollo de herramientas de digitalización ni a la modernización de los sistemas de gestión, sino a la transferencia de costos operativos hacia las haciendas locales. Planteó que cualquier esquema de actualización catastral a escala nacional debe ser financiado de manera íntegra con partidas asignadas directamente a la Federación, sin alterar las previsiones del gasto público municipal.
La representación del tricolor criticó la falta de parlamento abierto y de espacios de consulta con los presidentes municipales previo a la dictaminación de la norma. Sostuvo que la imposición de obligaciones administrativas sin el aval de las autoridades locales compromete la prestación de servicios esenciales como alumbrado público, agua potable y seguridad preventiva en los ayuntamientos.
El bloque senatorial y la bancada priista en la cámara baja anticiparon que mantendrán su voto en contra durante la votación general de la minuta ante el pleno legislativo. Refrendaron que exigirán la modificación del articulado transitorio para evitar la invasión de esferas competenciales y frenar cualquier disposición que derive en el aumento de la carga tributaria en perjuicio de los contribuyentes.
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