La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones financieras y de bloqueo de activos contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El gobierno estadounidense identifica al exlegislador como un operador político clave dentro de una estructura de protección gubernamental orientada a favorecer a la facción criminal conocida como «Los Rusos», vinculada a la ala del Cártel de Sinaloa encabezada por «La Mayiza».
De acuerdo con el informe oficial de las autoridades norteamericanas, las medidas cautelares forman parte de un expediente de designación dirigido contra 21 personas físicas señaladas como líderes, mandos operativos o facilitadores de la delincuencia organizada. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ubica la red de colaboración en municipios estratégicos de la franja fronteriza, particularmente en Mexicali y Tijuana, donde habrían obstaculizado la intervención de las fuerzas de seguridad pública.
Las indagatorias de la agencia federal sostienen que Torres Torres mantenía una alianza directa con Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», para facilitarle operaciones de tráfico y blindaje institucional. Según el parte emitido por las autoridades en Washington, la revocación del visado estadounidense de Carlos Torres, concretada en mayo de 2025, derivó directamente del seguimiento de inteligencia a las actividades de financiamiento y red de influencias en la entidad fronteriza.
La investigación de la OFAC detalla la participación de Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exesposo de la mandataria estatal, como el encargado de recibir y procesar flujos de dinero ilícito procedentes de sobornos. Estos recursos económicos eran posteriormente ingresados al sistema financiero formal a través de empresas privadas y el financiamiento de campañas políticas de carácter local.
Esquema institucional en Mexicali y aduanas
El expediente de la OFAC vincula formalmente en la estructura al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García. El reporte oficial señala que el exjefe policial realizaba transferencias de recursos a la red coordinada por la familia Torres para garantizar el control operativo del mando municipal y otorgar margen de maniobra a los grupos delictivos en la capital bajacaliforniana.
Adicionalmente, las autoridades de Estados Unidos extendieron las sanciones a Rafael Buenrostro Martín, exagente aduanero en el estado de Chihuahua y posterior asesor en el Congreso de Baja California. Buenrostro Martín es ubicado por la inteligencia norteamericana como un enlace directo con José Ángel Rivera Zazueta, operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa que ya había sido sancionado previamente bajo la Orden Ejecutiva 14059.
La reclasificación de las sanciones se ejecutó al amparo de la Orden Ejecutiva 13224, orientada al combate de estructuras delictivas transnacionales y sus redes de facilitadores políticos. Con este procedimiento administrativo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congela todos los bienes y participaciones financieras que los implicados mantengan dentro de la jurisdicción estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y entidades de ese país efectuar cualquier transacción comercial con los señalados.
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