El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó que las amenazas con explosivos registradas en la entidad iban dirigidas contra las instalaciones de la Policía Municipal de Mexicali y de la Fiscalía General de la República (FGR).
En conferencia de prensa, el funcionario indicó que las intimidaciones probablemente surgieron como respuesta al reciente decomiso de 120 kilos de fentanilo en un inmueble presuntamente vinculado a la agrupación criminal conocida como «Los Rusos». Ante esta situación, las autoridades activaron la Mesa Estatal de Construcción de la Paz e iniciaron la alerta correspondiente a las corporaciones amenazadas.
Operativos de seguridad y despliegue militar
Tras el reporte de amenaza, se implementó un operativo de resguardo en la ciudad fronteriza mediante el despliegue de 450 efectivos pertenecientes al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los edificios gubernamentales se encuentran bajo patrullajes de vigilancia, sumado a la indicación de reforzar la seguridad interna en cada inmueble.
El titular de la seguridad estatal detalló las acciones de contención en la zona:
- Identificación de datos preliminares sobre vehículos y personas pertenecientes a la organización criminal responsable de los avisos.
- Ejecución de operativos preventivos en el Valle de Mexicali y en los límites territoriales con el estado de Sonora.
- Detención de 46 objetivos prioritarios durante las últimas semanas, junto con el aseguramiento de armas de fuego, vehículos y casas de seguridad.
Descarte de actos violentos e intervenciones oficiales
Carrillo afirmó que Mexicali no ha registrado hechos de violencia a pesar de la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, y confirmó que las tareas de prevención se mantienen en desarrollo.
Por su parte, la gobernadora de la entidad descartó que las autoridades locales hayan minimizado la advertencia del gobierno estadounidense y destacó la movilización inmediata de las fuerzas armadas para garantizar el resguardo de la población y los recintos oficiales.
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