La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este martes las fechas, horarios y sedes para la aplicación de un examen presencial de control dirigido a cerca de 58 mil aspirantes, tras detectar fallas de seguridad y resultados atípicos en su evaluación en línea.
El rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que la institución habilitará instalaciones fuera de la Ciudad de México para evitar el traslado obligatorio de los participantes. Esta medida responde a una recomendación directa de la Comisión Técnica, instancia que sugirió convocar tanto a los aspirantes inicialmente seleccionados como a quienes obtuvieron puntajes equivalentes a los mínimos de ingreso registrados entre 2021 y 2026.
Impacto en calendario escolar
La implementación de esta segunda prueba forzó una modificación estructural en el calendario universitario. El inicio de clases para más de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso, incluyendo a quienes acceden mediante pase reglamentado, se postergará hasta el 31 de agosto.
En contraste, los cerca de 240 mil alumnos de nivel licenciatura que ya se encuentran matriculados reanudarán actividades el lunes 17 de agosto. Cada facultad y escuela emitirá los ajustes operativos para los procesos de reinscripción mediante sus canales institucionales, mientras la administración central acelera la revisión de documentos para reducir la pérdida de semanas efectivas del semestre.
Movilizaciones y ruta jurídica
La disposición institucional generó movilizaciones por parte de grupos de aspirantes. Alrededor de 250 jóvenes bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur a la altura de Copilco, exigiendo que las autoridades revisen las grabaciones individuales de la primera prueba en lugar de someter a los miles de participantes a una nueva evaluación generalizada.
En el ámbito jurídico, el escenario abre la puerta a procesos de judicialización contra la institución. Rodolfo Martínez Arroyo, abogado y académico de la FES Aragón, señaló que los afectados cuentan con elementos legales para promover un amparo indirecto, argumentando que la convocatoria original no establecía mecanismos de evaluación adicionales ante dudas sobre los resultados.
El especialista indicó que presentarse a la nueva prueba podría interpretarse en los tribunales como una aceptación tácita de las nuevas condiciones impuestas. Sin embargo, advirtió que la resolución procesal de estos amparos podría extenderse hasta dos años, obligando a cada aspirante a ponderar el impacto temporal de iniciar una disputa legal para obtener el ingreso.
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