El Senado de la República aprobó el calendario de trabajo para dictaminar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la cual se busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio durante el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, precisó que, aunque existe la meta de encaminar la aprobación hacia septiembre para contar con la norma antes del 25 de noviembre, el proceso legislativo se desarrollará sin prisas para revisar detalladamente la homologación de penas, las definiciones jurídicas y la reparación del daño.
Calendario de trabajo y consulta pública
La ruta crítica contempla que durante la primera semana de agosto se habilite un micrositio para recibir propuestas de la ciudadanía y especialistas. Posteriormente, el 18 de agosto se llevará a cabo la mesa de diálogo nacional “Hacia una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio”, en la que participarán autoridades, organizaciones civiles, colectivos de víctimas y académicos.
Entre el 19 y el 24 de agosto, la comisión sistematizará las aportaciones para elaborar la propuesta final de dictamen que será analizada por las comisiones unidas entre el 25 y el 30 de agosto, con miras a su discusión en el pleno senatorial a partir de septiembre.
Homologación penal y protocolo único de investigación
El objetivo central de la reforma es crear un tipo penal único en todo el país, así como un protocolo nacional de investigación con perspectiva de género que obligue a investigar de origen toda muerte violenta de una mujer como feminicidio.
Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que la diversidad normativa actual en las 32 entidades provoca diferencias injustificadas en la acreditación del delito. “La justicia que recibe una familia depende del estado donde fue asesinada la víctima; es una lotería territorial de la justicia”, afirmó Castillo Juárez, quien advirtió que en varios estados los casos terminan rebasados o reclasificados como homicidio simple debido a requisitos restrictivos.
Puntos de discusión y asignación presupuestal
Micher Camarena explicó que la disparidad en las sanciones vigentes —con estados que otorgan condenas de hasta 100 años y otros con penas menores— exige un análisis técnico para fijar una penalidad media que no reduzca los castigos actuales ni genere desproporción.
Adicionalmente, se prevé considerar las necesidades presupuestales de las instituciones en la discusión del Paquete Económico entre octubre y noviembre. La legisladora subrayó la necesidad de que las dependencias públicas apliquen los recursos con mayor celeridad para fortalecer la capacitación, la especialización operativa y la coordinación entre dependencias.
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