El diputado Marcelo Torres Cofiño solicitó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pida licencia a su cargo y renuncie al fuero constitucional para hacer frente a las investigaciones derivadas de la reciente filtración de audios relacionados con la cancelación de su visa estadounidense.
Durante la discusión de la agenda política, el legislador señaló que las grabaciones evidencian presuntas gestiones contratadas en Miami, Florida, destinadas a revertir la revocación del visado por parte de autoridades norteamericanas, lo que en su opinión compromete la gobernabilidad y la representación institucional del estado fronterizo.
En su intervención, el diputado sostuvo que tales señalamientos se suman a reportes internacionales difundidos en medios de comunicación nacionales, donde asesores gubernamentales del país vecino han cuestionado la fiabilidad del sistema judicial mexicano y el nivel de presencia del crimen organizado en diversos puntos del territorio nacional.
Ante el pleno legislativo, Torres Cofiño advirtió que la situación en la entidad norteña no constituye un hecho aislado, sino que refleja un desafío recurrente en materia de seguridad pública y soberanía en los distintos niveles de gobierno subnacional.
Por ello, el parlamentario exigió la comparecencia inmediata de los titulares del gabinete de seguridad para rendir cuentas sobre la estrategia implementada contra la delincuencia organizada y la preservación del orden institucional en el país.
Demandas de comparecencia y revisión legal
Asimismo, solicitó formalmente a las autoridades competentes y a las agencias de procuración de justicia la apertura de expedientes detallados, así como la difusión íntegra de las grabaciones mencionadas para esclarecer las responsabilidades administrativas o penales a las que hubiera lugar.
Finalmente, el legislador urgió a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a no postergar la revisión de estos casos y evitar omisiones legislativas frente a las denuncias que vinculan el ejercicio del poder público con posibles interferencias de grupos delictivos.
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