La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, a quien imputa por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, derivados de su supuesta participación en las movilizaciones y bloqueos carreteros que colapsaron la infraestructura vial del país durante los meses de mayo y junio.
La resolución judicial, articulada por el fiscal Brayan Melgar, integra además cargos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las indagatorias señalan la articulación de estas conductas para presionar la renuncia del actual mandatario, el presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con las actuaciones del expediente ministerial, las medidas de protesta desarrolladas durante siete semanas generaron el desabastecimiento de insumos básicos, combustibles y oxígeno medicinal. Estos hechos derivaron en el fallecimiento de 16 personas —13 de ellas asociadas a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna— y un impacto patrimonial estimado en más de 3 mil millones de dólares.
La acción penal tiene su origen en las denuncias presentadas por líderes cívicos del departamento de Santa Cruz, a las que posteriormente se adhirió el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La causa judicial extiende la imputación hacia el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien se encuentra bajo la medida cautelar de detención preventiva.
Antecedentes e implicaciones legales
En respuesta a las imputaciones, el exmandatario rechazó haber promovido la interrupción del orden constitucional, argumentando que las movilizaciones atendían a demandas de diversos sectores sociales. No obstante, las autoridades ministeriales integraron al expediente pronunciamientos públicos donde Morales sugería la convocatoria a elecciones anticipadas o la intervención militar como únicas vías de resolución al conflicto.
El restablecimiento de la libre circulación fue ejecutado tras la emisión del decreto de estado de excepción firmado por el presidente Rodrigo Paz el pasado 20 de junio, lo que facultó la intervención de fuerzas policiales y del Ejército en las arterias viales afectadas.
Actualmente, Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, donde mantiene un cerco de protección civil. Sobre el exjefe de Estado pesa de forma paralela un mandato de captura previo emitido por un tribunal de la región de Tarija, que lo declaró en rebeldía dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de trata agravada de personas.
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