El gasto destinado al mantenimiento del Tren Maya superó durante el último periodo los ingresos propios generados por su operación comercial, advirtió el diputado federal Daniel Chimal García, quien calificó el desempeño financiero del proyecto ferroviario como un quebranto a las finanzas públicas debido al incumplimiento en las metas de recaudación proyectadas por la Federación.
De acuerdo con datos presentados por el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), la obra registró ingresos por 541.7 millones de pesos en 2025. La cifra contrasta con las asignaciones recientes para conservación y servicios técnicos, cuyas contrataciones acumuladas rebasan los mil 100 millones de pesos en el ejercicio en curso.
Entre las erogaciones señaladas destaca una adjudicación por 837 millones de pesos para labores de mantenimiento en los tramos que van de Palenque a Cancún, otorgada a los consorcios Hemosa Ingeniería y ASCH México, además de un contrato previo por 273 millones de pesos destinado al sistema de líneas eléctricas. Estos compromisos contemplan la supervisión de más de mil 260 kilómetros de vías, balasto e infraestructura especializada.
Chimal García señaló que el diferencial presupuestal no se ha traducido en un incremento en la afluencia de pasajeros ni en una mejora operativa. Como indicadores de la baja demanda turística, el representante parlamentario citó reportes de la dirección general del sistema que confirman una menor captación de visitantes internacionales a la región sureste durante el flujo derivado del Mundial de Fútbol 2026.
Asimismo, la bancada del PAN expuso la existencia de irregularidades administrativas derivadas de la falta de publicación de los contratos correspondientes a los tramos cinco, seis y siete en la plataforma pública Compras MX, a la par de señalar reserva de información en los dictámenes sobre más de 20 fallas técnicas registradas en el sistema operado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El legislador adelantó que la Cámara de Diputados impulsará revisiones a través de los órganos de fiscalización para auditar los recursos asignados al proyecto, vigilar el cumplimiento de las metas de rentabilidad y transparentar los procesos de licitación asignados a las empresas contratistas.
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