Los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez y Christian Castro Bello, presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno de Campeche, al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud federal a garantizar el abasto suficiente, permanente y oportuno de medicamentos oncológicos, quimioterapias e insumos médicos en el Centro Estatal de Oncología.
La propuesta legislativa responde a denuncias presentadas por la organización Fundación 500 Padrinos y familiares de pacientes. Las agrupaciones señalaron la falta de fármacos esenciales como mercaptopurina, metotrexato, mesna y heparina, así como de bombas de infusión y soluciones para la aplicación de quimioterapias, situación que obliga a las familias a realizar gastos de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales por cuenta propia.
Impacto en la atención médica e indicadores sanitarios
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, basados en la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), en México se registran de cinco mil a siete mil casos nuevos de cáncer infantil cada año. La enfermedad representa una de las principales causas de muerte en menores de entre cinco y catorce años; sin embargo, las probabilidades de curación superan el 70 por ciento cuando los tratamientos se administran sin interrupciones.
“La falta de medicamentos pone en riesgo vidas, interrumpe tratamientos y condena a las familias a vivir con incertidumbre. Ninguna niña o niño debe perder la oportunidad de recibir su tratamiento por la incapacidad del gobierno para cumplir con su responsabilidad”, manifestó Castro Bello tras la presentación del documento.
Fallas en la distribución y demandas de coordinación
Los legisladores señalaron que el desabasto obedece a deficiencias en las compras y en la distribución de insumos, asociadas a la transición operativa hacia el modelo IMSS-Bienestar. Por ello, demandaron la revisión de los procesos de planeación y el seguimiento riguroso de inventarios entre las instancias federales y estatales.
«Las diferencias políticas nunca deben convertirse en un obstáculo para atender asuntos que involucran la vida de niñas, niños y adolescentes. Cuando se trata de tratamientos oncológicos, el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier consideración administrativa o presupuestal», concluyeron los diputados promoventes en el texto presentado ante la Cámara Baja.
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