La búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional que requiere herramientas legales, seguimiento institucional y atención directa a las familias, de acuerdo con lo señalado por la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy. La legisladora destacó los resultados reportados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas con perspectiva de género.
Como parte de esta agenda, se planteó analizar medidas legislativas orientadas a evaluar de manera temprana el riesgo de violencia feminicida y otras agresiones. Jiménez Godoy subrayó que los prejuicios sobre la vida privada, las relaciones personales o una supuesta ausencia voluntaria no deben retrasar, condicionar ni impedir la actuación de las autoridades.
Resultados institucionales y marco legal
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación difundidos en octubre, durante 2026 se ha localizado a más de 16 mil personas. Estos registros reflejan la relevancia de la coordinación interinstitucional y el compromiso del gobierno federal con una labor continuada para dar respuestas a los familiares de las víctimas.
En el ámbito legislativo, la diputada recordó que el Poder Legislativo contribuyó a esta prioridad mediante las reformas aprobadas en 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición y a la Ley General de Población, publicadas el 16 de julio de ese año. Estas modificaciones establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y activar la búsqueda de forma inmediata, sin exigir que transcurra un plazo determinado.
Herramientas tecnológicas y participación de familias
El fortalecimiento del marco legal incorporó instrumentos clave como la Plataforma Única de Identidad, las fichas de búsqueda y la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparicidas y No Localizadas, cuyo propósito es optimizar el intercambio de datos entre las instituciones encargadas de investigar e identificar.
Asimismo, la legisladora indicó que se dará seguimiento a la aplicación de las normas, se evaluarán las necesidades presupuestales de las dependencias competentes y se contemplará la experiencia de las familias y personas buscadoras. Afirmó que este sector debe ocupar un lugar central en los espacios de escucha para incorporar sus necesidades al trabajo legislativo, garantizando una atención digna y acompañamiento institucional permanente.
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