El Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro anunció que promoverá una moción suspensiva contra el Presupuesto de Egresos de la Federación si no se publica la reforma de salarios mínimos profesionales.
Los legisladores acusaron a la Mesa Directiva del Senado de ocultar la declaratoria de constitucionalidad de la modificación al Artículo 123. Esta parálisis legislativa mantiene congelado el esquema de remuneraciones para policías, médicos, enfermeras y maestros.
De manera paralela, la bancada exigió una auditoría técnica al Instituto Nacional Electoral y al Registro Federal de Electores. La petición formal surge tras la renuncia de Guadalupe Taddei derivada de presuntas irregularidades en contratos gubernamentales.
La exigencia fiscalizadora abarca también a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Según el bloque opositor, las cadenas de custodia institucionales habrían sido comprometidas mediante imposiciones de funcionarios en los estados.
Presión presupuestal e interinato
Para presionar la agenda salarial, los diputados condicionarán la discusión del gasto público de 2027. También solicitarán que Blanca Cruz, presidenta interina del instituto, rinda cuentas directamente ante la Comisión de Presupuesto.
El objetivo es desglosar los recursos solicitados y demandar la destitución de los servidores públicos vinculados a la red de licitaciones. Acusaron que los cambios previos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales facilitaron esta concentración de facultades.
Finalmente, rechazaron que la mayoría oficialista defina unilateralmente el nuevo Comité de Evaluación para elegir la presidencia definitiva del árbitro electoral. Advirtieron que la oposición debe incidir en los perfiles para garantizar contrapesos efectivos.
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