El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una serie de declaraciones sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2020, incluyendo acusaciones de interferencia extranjera y registros ilegales, mismas que contrastan con los hallazgos técnicos de las propias agencias de inteligencia y seguridad del país norteamericano.
En un mensaje transmitido en horario estelar, el mandatario aseguró que la República Popular China adquirió ilícitamente 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Sin embargo, un reporte desclasificado de la comunidad de inteligencia en 2021 concluyó que no existen indicios de que actores extranjeros intentaran alterar aspectos técnicos del proceso de votación o del recuento de resultados.
Los documentos oficiales señalan que, si bien se registró la descarga de información de votantes de acceso público en seis estados, la inteligencia estadounidense determinó con un alto nivel de confianza que China priorizó la estabilidad de las relaciones bilaterales y no desplegó esfuerzos de interferencia destinados a modificar el resultado del Colegio Electoral.
Investigaciones a nivel estatal
Respecto a las irregularidades a nivel local, el mandatario citó un caso de registros en Michigan. Los reportes oficiales confirman que una empleada de la firma GBI Strategies presentó solicitudes con firmas discrepantes y direcciones inexistentes; no obstante, la Oficina de Elecciones local y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) determinaron que ninguna de estas solicitudes derivó en el registro de un votante ni en la emisión de un sufragio.
La investigación del FBI sobre el caso de Michigan concluyó formalmente que los encuestadores no recibieron instrucciones de falsificar información, cerrando el expediente al no identificar una violación penal ni una amenaza prioritaria a la seguridad nacional tras agotar las líneas de investigación.
Registro de no ciudadanos
En materia de padrón electoral, la Casa Blanca difundió un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sugiere la existencia de más de 250 mil no ciudadanos registrados para votar en cuatro estados, cifra que se presentó en el informe sin la metodología o el origen técnico de los datos.
Datos del Bipartisan Policy Center y auditorías estatales recientes documentan que el registro de personas sin ciudadanía es un evento aislado en el sistema estadounidense. Una revisión exhaustiva en el estado de Utah sobre un universo de dos millones de electores identificó únicamente un caso, mientras que el sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) registró una incidencia de empadronamiento irregular del 0.04 por ciento.
La discrepancia entre el discurso político y los datos de las agencias refleja una tensión sobre la percepción de los procesos democráticos, donde los órganos de fiscalización e inteligencia mantienen la validez de los mecanismos de control del sistema electoral de ese país.
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