La senadora Paloma Sánchez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió al Senado de la República dictaminar la solicitud para la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, presentada por la ciudadanía desde hace tres meses. La legisladora sostuvo que la entidad atraviesa por un deterioro en sus condiciones de seguridad e instituciones locales, derivado de la persistencia en los índices de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento interno y afectaciones al sector comercial.
Durante una conferencia de prensa en la sede del órgano legislativo, Sánchez Ramos afirmó que la estructura institucional del gobierno estatal y del Congreso de Sinaloa mantiene una continuidad política que impide el restablecimiento del orden público. La representante parlamentaria enfatizó que las licencias o separaciones del cargo registradas en la entidad no resuelven la crisis de gobernabilidad, por lo que instó a las autoridades federales a priorizar la atención a las víctimas y el seguimiento a las peticiones ciudadanas.
La legisladora priista advirtió que el impacto socioeconómico de la violencia se manifiesta en la pérdida de fuentes de empleo, la paralización de comercios y la interrupción de actividades escolares por el riesgo a la integridad de los menores. En ese sentido, respaldó los posicionamientos de las organizaciones de la sociedad civil que han documentado el deterioro de las condiciones de vida en la región durante los últimos 24 meses.
Por su parte, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, demandó la intervención del Congreso de la Unión para evaluar la situación legal de los mandos gubernamentales en la entidad. El representante del gremio jurídico precisó que la solicitud constitucional de desaparición de poderes busca reestructurar las instituciones encargadas de la procuración de justicia y garantizar la paz social para la población sinaloense.
Movilización ciudadana y acciones legales
Beltrán Verduzco refirió que más de 50 organizaciones civiles han coordinado acciones de protesta para exigir la remoción de funcionarios vinculados a la administración estatal. Asimismo, confirmó la realización de una movilización ciudadana programada para el próximo 13 de septiembre, con el objetivo de visibilizar las afectaciones acumuladas a dos años de la intensificación de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el estado.
Finalmente, la senadora Paloma Sánchez Ramos reiteró que el Grupo Parlamentario del PRI dará seguimiento a las demandas de los colectivos ciudadanos y colegios de profesionales en el Senado, al considerar que la intervención del Poder Legislativo Federal resulta indispensable para restaurar la gobernabilidad y el Estado de Derecho en Sinaloa.
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