El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, la Secretaría de Marina (Semar) y las empresas ABCD Arquitectura S.A. de C.V. y Construcción y Mantenimiento Ferroviario S.A. de C.V., tras registrarse el segundo descarrilamiento en el Tren Interoceánico. La querella señala al hijo del expresidente como supervisor de la obra y a la institución naval como encargada de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario.
Representantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la dirigencia de la Ciudad de México del partido acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer el recurso. El segundo incidente involucró a un tren de carga y no reportó víctimas, a diferencia del primer descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el mismo tramo de la línea Z —entre Nizanda y Chivela, Oaxaca—, el cual dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Señalamientos por sobrecostos e irregularidades
De acuerdo con los denunciantes, la construcción del Tren Interoceánico registró sobrecostos que elevaron la inversión a 62 mil millones de pesos, una cifra tres veces superior al presupuesto original estipulado en 20 mil millones de pesos. El PAN vinculó formalmente a los propietarios de las constructoras contratadas como personas cercanas al entorno de la familia López Beltrán.
Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, declaró ante los medios: “Aquí lo que queda muy claro es que no hay un solo responsable en el proyecto emblemático que lleva a cabo la Marina (…) cuántas muertes más debe de haber para que haya un responsable para que se le llame a comparecer no solamente al secretario a los responsables técnicos sino también a ‘Bobby’ López Beltrán”.
Exigencias a la Fiscalía General de la República
Los dirigentes partidistas calificaron la denuncia como un emplazamiento para la fiscal general, Ernestina Godoy, exigiendo que actúe con la misma celeridad mostrada en la reciente captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Miguel Errasti, secretario de gobierno del PAN CDMX, manifestó que “pareciera que al ser ellos de alguna manera militantes del partido Morena pues ellos sí pueden ser excluidos de cómo se reparte la ley hoy”.
El partido blanquiazul afirmó que Ruffo Appel asumirá su defensa legal por los cargos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, pero consideró su detención como una maniobra distractora ante la situación política de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Finalmente, los panistas acusaron la existencia de impunidad en casos que involucran a otros funcionarios públicos del régimen actual.
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