La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció haber discutido información gubernamental con individuos que carecían de acreditación oficial para representar a dependencias de seguridad de los Estados Unidos.
A través de un comunicado emitido este 13 de julio para responder a la filtración de un segundo audio, la administración estatal admitió que la mandataria sostuvo encuentros con personas que plantearon escenarios legales sin presentar requerimientos formales ni oficios de representación.
Pese a la falta de acreditación institucional reportada en el propio documento, el registro sonoro exhibe a la gobernadora ofreciendo a sus interlocutores información documentada al interior de las mesas de seguridad estatales, acción que el gobierno justificó como labores de coordinación institucional en materia de seguridad fronteriza.
Contraste con el registro sonoro
En la grabación difundida, la mandataria dialoga con un individuo identificado como asesor externo del FBI y cuestiona explícitamente sobre la viabilidad de enfrentar un proceso de extradición.
Durante la misma conversación, Ávila Olmeda menciona haber sostenido reuniones previas con personal del Departamento de Justicia estadounidense, señalando que dichos encuentros ocurrieron tanto en oficinas de San Diego como en la Ciudad de México.
El posicionamiento oficial sostiene que la grabación consiste en fragmentos aislados y descarta cualquier acto irregular, enmarcando las referencias a la cooperación binacional dentro de las labores operativas de rutina y rechazando un escenario de subordinación institucional.
Para dar continuidad al análisis de su situación jurídica, el audio documenta que la gobernadora condicionó una eventual reunión con una procuradora estadounidense a la garantía estricta de no cruzar la frontera ni presentarse en las instalaciones consulares ubicadas en Tijuana.
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