La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que respaldará la iniciativa del Ejecutivo federal para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, siempre que el proyecto garantice la protección efectiva de las víctimas y reduzca los índices de impunidad procesal.
En conferencia de prensa, la legisladora precisó que el nuevo marco normativo debe homologar los protocolos de investigación en todo el país. Como condición central, propuso que el ilícito se tipifique de forma generalizada como un delito imprescriptible, mecanismo legal que impediría a los probables responsables evadir la acción de la justicia mediante el simple transcurso del tiempo.
Adicionalmente, López Rabadán se pronunció en contra de otorgar beneficios procesales a los imputados en esta materia. Subrayó que, en los casos de feminicidio, deben quedar estrictamente prohibidos los criterios de oportunidad, las conmutaciones de pena, la libertad condicionada y las amnistías.
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Requisitos institucionales
La diputada advirtió que la efectividad de la nueva legislación dependerá directamente de la infraestructura judicial disponible. Señaló como indispensable la dotación de recursos presupuestales para operar fiscalías especializadas, así como herramientas periciales y personal capacitado que permitan integrar correctamente las carpetas de investigación para obtener sentencias condenatorias.
Al contextualizar la urgencia de la reforma normativa, la legisladora refirió el caso de un exdirector de Pemex acusado de violentar a una mujer. Calificó como inaceptable que los probables responsables puedan abandonar los juzgados en libertad, argumentando que estos hechos reflejan la violencia estructural y refrendan la percepción de impunidad en el sistema de procuración de justicia.
López Rabadán advirtió que cualquier agresión de género tiene el potencial de escalar hasta concluir en la privación de la vida, por lo que requirió mecanismos para proteger a las afectadas desde las primeras manifestaciones de violencia. En este contexto, recordó su participación previa en el diseño y aprobación de diversas iniciativas de paridad orientadas a garantizar espacios de decisión en la vida pública.
Ante la próxima recepción del documento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva comprometió un análisis objetivo y responsable de la propuesta presidencial. Reiteró que el objetivo central del Congreso deberá enfocarse en asegurar la reparación integral del daño y evitar que los infractores evadan las sanciones proporcionales a sus conductas.
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