La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, cuyo objetivo central es la homologación del tipo penal y los mecanismos de investigación en las 32 entidades federativas.
Durante la presentación del documento, el Ejecutivo Federal detalló que la propuesta busca erradicar la impunidad mediante el establecimiento de una pena privativa de libertad que va de los 50 a los 70 años, estandarizando el procesamiento judicial en todas las fiscalías del país.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el texto define textualmente el delito para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, incorporando 10 causales específicas y 19 agravantes que incrementarán la sanción en una mitad en escenarios particulares.
En el ámbito del derecho procesal, la iniciativa determina que el delito, su sanción y la reparación integral del daño son imprescriptibles. Asimismo, prohíbe expresamente el uso de excusas absolutorias o atenuantes, y anula la procedencia de criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni amnistías.
Al margen de la prisión, los sentenciados enfrentarán la pérdida de derechos sucesorios, así como de la tutela, curatela, guarda y custodia y la patria potestad. En el caso de servidores públicos, el ordenamiento contempla la destitución e inhabilitación permanente para el ejercicio de cualquier cargo.
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Lineamientos de investigación y víctimas
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, precisó que el proyecto obliga al Ministerio Público a aplicar una debida diligencia reforzada y análisis de contexto de violencia desde el inicio de las indagatorias para garantizar la continuidad procesal.
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres reportó la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y la articulación de políticas mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, estructurando la atención a víctimas directas e indirectas.
La remisión del documento al Poder Legislativo ocurre en un contexto donde el Gobierno de México reporta una disminución del 36 por ciento en la incidencia estadística de este delito respecto a 2021, indicador que la nueva legislación buscará reducir a cero mediante la implementación de los nuevos Planes Integrales de Protección.
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