La diputada federal Noemí Luna formalizó este viernes una solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos fiscalizadores investiguen el presunto daño patrimonial derivado de la caducidad de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos en el sector público.
El requerimiento institucional quedó establecido mediante la publicación de un Punto de Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, instrumento legislativo a través del cual se exige el deslinde de responsabilidades operativas y administrativas.
El documento técnico estima que el vencimiento de estos insumos médicos en los almacenes federales representa una afectación económica calculada en 121 millones de pesos para la administración pública, vulnerando las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para dar seguimiento al caso, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) requirió formalmente la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) para ejecutar una revisión integral a la cadena de suministro federal.
Auditoría a tratamientos oncológicos
El exhorto legislativo hace un énfasis procedimental en la necesidad de transparentar las rutas de distribución al interior del Hospital Infantil de México Federico Gómez. En este sentido, exige que tanto la Secretaría de Salud (SSA) como la dirección del nosocomio publiquen la trazabilidad de los tratamientos oncológicos pediátricos.
Adicionalmente, el documento solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) implementar una revisión especial sobre los contratos de subrogación vigentes, orientados al abasto y distribución de medicamentos a nivel nacional.
De acuerdo con los argumentos jurídicos presentados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, permitir la pérdida de los insumos constituye una violación a la Ley General de Salud y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, situación agravada por el desabasto simultáneo en diversas unidades hospitalarias.
Finalmente, la legisladora promovente determinó que el Ministerio Público federal debe iniciar las indagatorias correspondientes por la probable comisión de delitos vinculados a la administración de los recursos sanitarios durante el actual periodo gubernamental.
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