El Ejecutivo federal delineó los criterios generales del Paquete Económico 2027, documento entregado previamente al Congreso de la Unión que descarta la creación de nuevos gravámenes y apuesta por una estrategia de ingresos basada en la fiscalización de deducciones y la reducción del circulante físico mediante marcos normativos digitales.
Durante la exposición en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó la presentación de una Ley de Economía Digital, instrumento institucional diseñado para disminuir el uso de efectivo e incentivar las transacciones electrónicas, lo que facilitará la formalización a través de una mayor trazabilidad de los flujos monetarios.
Ajuste normativo y tributario
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que la iniciativa fiscal contempla modificaciones a la Ley del ISR, la Ley de Derechos y la Ley Aduanera. El diseño macroeconómico proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 1.5 y 2.5 por ciento, fijando la meta de reducción del déficit público del 4.1 al 3.9 por ciento.
La carga operativa de la estrategia recaudatoria recaerá en el Servicio de Administración Tributaria. Su titular, Antonio Martínez Dagnino, precisó que se implementarán controles estrictos sobre deducciones y pérdidas fiscales, adoptando mecanismos internacionales como el impuesto contra la erosión de la base para desarticular a las empresas con operaciones simuladas.
Fiscalización a deducciones
El organismo tributario documentó que 129 mil compañías han declarado pérdida fiscal en los últimos tres ejercicios, y 54 mil acumulan cinco años consecutivos sin pagar el Impuesto Sobre la Renta, a pesar de reportar incrementos sostenidos en sus ingresos. La autoridad señala el uso de facturas apócrifas para amparar hasta el 10 por ciento del gasto operativo corporativo.
Respecto al Presupuesto de Egresos, la Federación estima ejercer 3 billones 493 mil millones de pesos, sustentados en ingresos globales por 6 mil 995 miles de millones de pesos. La planeación oficial canalizará aproximadamente 1.1 billones a programas sociales, programando incrementos en las partidas de seguridad, educación y salud.
En paralelo al ordenamiento fiscal, el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, indicó que el plan nacional de infraestructura requerirá una inversión de 5.7 billones de pesos para el periodo 2026-2030, orientando más de la mitad de estos recursos presupuestales hacia proyectos del sector energético.
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