La diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de exentar del pago de este gravamen a los servicios profesionales de psicología en todo el país.
El proyecto legislativo propone eliminar la carga fiscal del 16 por ciento que actualmente se aplica a estas consultas clínicas, homologando su estatus tributario con el de los servicios de psiquiatría, los cuales operan libres de este impuesto al requerir la acreditación de un título de médico cirujano.
De acuerdo con la fundamentación del documento, la medida responde al mandato del artículo 4o. de la Constitución Política, ordenamiento que reconoce el derecho a la protección de la salud y obliga al Estado a garantizar el bienestar físico y mental de la población, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.
La legisladora argumentó que la actual distinción fiscal entre dos disciplinas que atienden el mismo ámbito sanitario carece de razonabilidad institucional. Precisó que el costo de la terapia representa una barrera económica recurrente, particularmente frente a un escenario donde 727 menores de entre 10 y 17 años perdieron la vida por suicidio durante 2024.
Análisis en comisiones
La iniciativa de reforma fue turnada oficialmente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y eventual dictaminación. El texto técnico sostiene que el impacto recaudatorio de esta exención sería marginal en comparación con los costos financieros y humanos derivados de la falta de atención a padecimientos como la ansiedad y la depresión.
Para acceder a este esquema tributario, el marco normativo establece como requisito indispensable que la prestación del servicio exija un título de licenciatura en psicología y la correspondiente cédula profesional validada por el Estado.
El planteamiento busca consolidar la atención clínica como un mecanismo de intervención temprana asequible. El enfoque prioriza facilitar el acceso a la salud mental para estudiantes, población en la informalidad o trabajadores de reciente incorporación al mercado laboral, sectores que frecuentemente suspenden los tratamientos por limitaciones presupuestales.
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