#VisiónMX / Por: Fernando Moctezuma Ojeda / @FerMoctezumaO
El arranque del último año de la LXVI Legislatura se inaugura con un ambiente de celebración oficialista que, bajo la superficie, expone las verdaderas coordenadas del poder. Tras su Quinta Reunión Plenaria, la cúpula de Morena presumió unidad y consenso, delineando una hoja de ruta de 30 temas legislativos pendientes para el primer periodo ordinario. Sin embargo, la administración de los tiempos parlamentarios suele ser el reflejo más nítido de las intenciones de un gobierno: en la agenda pública, lo que se deja para el final corre el riesgo de no existir.
De acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, la bancada se encuentra «satisfecha, contenta y con mucho ánimo» para iniciar los trabajos y respaldar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras una deliberación que el senador calificó de amplia y transparente, los acuerdos fluyeron. Se ratificó el ceder la presidencia de la Mesa Directiva al Partido Verde en la figura de Raúl Bolaños-Cacho Cué, y se anunció, con especial estridencia, un ambicioso Paquete Anticorrupción. Este último busca evitar que se filtren perfiles vinculados al crimen organizado, deudores alimentarios o actores con conductas antijurídicas, una línea política dictada desde la dirigencia del partido.
El discurso suena impecable, hasta que se revisa el listado de las iniciativas a discutir. El momento genera suspicacias legítimas al observar cómo se distribuyen jerárquicamente las prioridades. Los primeros peldaños están celosamente reservados para temas de control estructural y financiero: la responsabilidad de proveedores de internet, el Paquete Económico 2027 y la ley secundaria sobre nulidad por injerencia extranjera. En contraste, los asuntos que involucran violencias sistémicas, derechos humanos y deudas históricas han sido enviados al fondo del cajón, casi como un apéndice para cumplir la cuota moral.
Lo que no queda claro es bajo qué criterio técnico o social la regulación de comunicaciones con fines mercadotécnicos (posición 6) o el control de las empresas boleteras (posición 18) resultan más apremiantes que la homologación en materia de abuso sexual (lugar 17) o la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, relegada hasta el puesto número 20. Asimismo, la pregunta es ineludible: ¿por qué la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos languidece en la posición 29, a un respiro de quedar fuera de los trabajos, justo por debajo del discursivamente redituable Paquete Anticorrupción?
Esta distribución merece una lectura más cuidadosa. En la práctica parlamentaria, el orden del día no es un simple capricho administrativo; es una estrategia de supervivencia. Las iniciativas que encabezan la lista son aquellas que cuentan con el aval directo del Ejecutivo, garantizando el capital político y la cohesión necesarios para transitar. Por el contrario, las que se programan en la retaguardia suelen ser víctimas recurrentes de las dinámicas del propio recinto: el implacable reloj legislativo, las ausencias estratégicas que rompen el quórum o las negociaciones de último minuto que terminan por archivar los dictámenes.
Delegar al final de la fila la agenda de protección animal, el resguardo de identidad en extorsiones o la regulación en materia de despojo exhibe una visión de Estado donde las causas sociales parecen ser un accesorio frente a la consolidación del poder. Mientras la narrativa oficial insiste en gobernar para los más desfavorecidos, el diseño de su agenda legislativa privilegia, por mucho, las herramientas de blindaje institucional.
En un país cruzado por crisis de violencia, desigualdad y exclusión, la justicia no puede administrarse como un remanente parlamentario. Al final del día, las prioridades reales de un gobierno no se miden por el énfasis de sus discursos frente a los micrófonos, sino por las causas que, deliberadamente, está dispuesto a sacrificar cuando el tiempo se agota.
APUNTES CLAVE:
SENADO: Morena eligió a Higinio Martínez como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado. Su nombramiento deberá ser votado y aprobado por el Pleno. El senador aseguró que, de asumir el cargo, actuará con apego a la ley y con respeto hacia todas y todos los legisladores. //DESAFUERO: El proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, está listo para avanzar en la Cámara de Diputados, según el legislador Hugo Eric Flores. El expediente ya fue completado y corresponde al nuevo presidente de la Comisión Instructora darle seguimiento. Posteriormente, el dictamen podría llegar al Pleno para su votación. //AGENDA: El PRI definió su agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, con prioridades en seguridad, salud, educación y desarrollo económico. Sus legisladores también impulsarán reformas contra el despojo y el feminicidio, así como reglas para la Inteligencia Artificial y cambios al sistema de sanidad agroalimentaria.
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