El Coordinador Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, denunció que el gobierno federal atraviesa una quiebra financiera que mantiene paralizada la Reforma al Artículo 123, al tiempo que advirtió que los procesos electorales de 2027 y 2030 representarán una contienda directa contra un régimen que busca consolidar una dictadura.
Durante una entrevista legislativa, el diputado argumentó que la caída en la recaudación del ISR y el estancamiento del IVA demuestran la crisis económica. Esta situación, señaló, es la causa real por la cual la presidencia de la Mesa Directiva mantiene inactivo el dictamen diseñado para incrementar el salario mínimo profesional de corporaciones de seguridad y personal médico.
Ante este escenario de parálisis en la Cámara de Diputados, Moreira Valdez adelantó que exigirá un juicio político contra la titular de dicho órgano legislativo. Argumentó que la retención del documento afecta directamente al sector salud y a las fuerzas del orden público en un contexto de violencia nacional sostenida.
Fracturas oficialistas y seguridad nacional
En el terreno político, el legislador expuso que las recientes derrotas del oficialismo evidencian divisiones operativas internas. Afirmó que candidatos locales en Coahuila responsabilizan directamente a Luisa María Alcalde y a Andrés Manuel López Beltrán de abandonar la estructura partidista durante la jornada electoral, y aseguró contar con material audiovisual que respalda dichas acusaciones para su posterior difusión.
Al abordar la política exterior, el coordinador priista atribuyó las recientes exigencias presupuestales y de control fronterizo anunciadas por la administración de Donald Trump al desmantelamiento de la diplomacia mexicana. Sostuvo que la estrategia de seguridad federal proyectó permisividad ante el crimen organizado a nivel internacional.
Simultáneamente, condenó los señalamientos emitidos desde el Ejecutivo hacia empresarios y medios de comunicación. De acuerdo con el diagnóstico del legislador, estas posturas operan como distractores frente a crisis institucionales paralelas, como el incumplimiento de acuerdos sectoriales con la CNTE y los problemas de infraestructura en la capital del país de cara a compromisos internacionales.
Las declaraciones del representante del PRI anticipan una polarización legislativa durante las próximas discusiones presupuestales. Las afirmaciones sobre los indicadores de empleo del IMSS y los ingresos fiscales reportados por las autoridades financieras establecen la línea discursiva que la oposición mantendrá hacia la estructuración del gasto público y el inicio del próximo ciclo electoral.
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