La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) calificó este miércoles como una “política absurda” el nuevo programa Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco “Precio Justo”, impulsado por el gobierno mexicano. La organización campesina advirtió que los alcances de la estrategia son marginales y que dejará fuera a millones de productores del grano básico en el país.
A través de un comunicado, el secretario general de la UNTA, Álvaro López Ríos, acusó al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de evadir su responsabilidad institucional para fijar un precio de garantía para el maíz blanco, dejando dicha definición en manos de acopiadores y compradores del sector.
“El Programa Precio Justo es una evasión de responsabilidad para fijar el precio de garantía de esta gramínea y mantiene abiertas las puertas a los acopiadores”, sostuvo el dirigente, quien consideró que la medida condena a los agricultores al “exilio productivo del campo”.
Detalles del acuerdo gubernamental
Las críticas de la organización agrícola surgen días después de que el gobierno de México firmara en Palacio Nacional un acuerdo con productores, comercializadores e industriales para ordenar el mercado del maíz blanco. El mecanismo, denominado Sistema de Ordenamiento para el Maíz Blanco, fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Sader, Columba Jazmín López, quienes defendieron la medida como una vía para fortalecer la autosuficiencia alimentaria, garantizar precios considerados justos, privilegiar el consumo de la producción nacional frente a las importaciones y evitar un eventual aumento en el precio de la tortilla.
Según los lineamientos explicados por la administración federal, el esquema contempla la realización de compras anticipadas mediante contratos voluntarios entre productores, comercializadores e industriales, con la participación de aproximadamente 80 empresas nacionales y extranjeras del ramo, las cuales se comprometieron a priorizar el grano mexicano antes de recurrir al mercado exterior.
Datos del sector y brecha de cobertura
No obstante, López Ríos sostuvo que la cobertura de las acciones gubernamentales es insuficiente frente a las dimensiones reales del sector agrícola nacional. De acuerdo con las cifras del dirigente, en México existen alrededor de 2.5 millones de pequeños y medianos productores, mientras que las acciones específicas del programa para el ciclo agrícola actual están enfocadas únicamente en unos 61 mil agricultores. “Se manipula con el discurso de una buena voluntad para que acopiadores y compradores acuerden un precio justo de comercialización de cosecha”, reprochó.
El líder campesino alertó también sobre el deterioro de la producción nacional de maíz blanco, afectada por factores como la sequía y la reducción de las superficies cultivables, detallando que tan solo en el Estado de México se han perdido al menos 15 mil hectáreas dedicadas al grano.
Finalmente, advirtió sobre un incremento en la dependencia alimentaria exterior, al señalar que México pasó de importar el 46% de sus alimentos en 2018 a cerca del 75% en la actualidad. Añadió que entre enero y abril de 2026 las importaciones de maíz blanco y amarillo superaron los cuatro millones de toneladas, lo que representa un récord histórico. Este debate sectorial se presenta en un contexto de tensiones con productores agrícolas, incluidos productores del estado de Sinaloa que recientemente se manifestaron en la Ciudad de México para exigir apoyos institucionales y mejores condiciones de comercialización.
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