El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió en la Cámara de Diputados que el bloque oficialista busca instrumentalizar la Reforma al Poder Judicial para empalmar la elección de juzgadores con la revocación de mandato, consolidando así un ejercicio electoral a favor del gobierno federal.
Durante la Sesión Extraordinaria convocada para analizar los artículos reservados del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Federal Christian Castro Bello fijó la postura de su bancada respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El legislador argumentó que la propuesta impulsada por Morena carece de requerimientos técnicos destinados a despolitizar el sistema de justicia. Por el contrario, señaló que el mecanismo de insaculación establece un modelo donde el Ejecutivo mantiene influencia sobre la integración de los tribunales.
Nulidad electoral y debido proceso
En su intervención, Castro Bello alertó sobre las disposiciones adicionales integradas en el paquete legislativo, haciendo énfasis en las causales para dictar la nulidad de elecciones bajo el argumento de supuestas intervenciones extranjeras o influencia digital.
El representante priista cuestionó además los nuevos mecanismos diseñados para bloquear aspirantes políticos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Explicó que estos criterios operarán mediante evaluaciones de riesgos razonables, permitiendo inhabilitar perfiles sin la existencia de una sentencia previa ni el respeto al debido proceso.
De acuerdo con la fracción legislativa de oposición, estos instrumentos jurídicos otorgarán a la administración federal facultades institucionales discrecionales para marginar a perfiles incómodos y revertir resultados en distritos o regiones donde el partido oficial no obtenga la victoria.
Finalmente, la bancada tricolor sostuvo que la reducción sistemática de contrapesos representa una concentración institucional del poder, por lo que reiteraron su voto en contra de proyectos que vulneren la independencia operativa y resolutiva de los juzgadores en el país.
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