Integrantes de la organización “Mexicanos contra el narcoestado” presentaron este lunes una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir el inicio del procedimiento de pérdida de registro del partido Morena, bajo el argumento de que este instituto político presuntamente recibe financiamiento y apoyo logístico de organizaciones del crimen organizado.
Ricardo Siqueiros, miembro de la agrupación ciudadana, afirmó que desde la constitución del partido en 2014 y hasta su triunfo en los comicios presidenciales de 2018, la dirigencia nacional consolidó un esquema de competencia electoral basado en recursos ilícitos. «Morena ha consolidado un modelo de competencia electoral que, en primer lugar, ha financiado desde la dirigencia nacional campañas electorales con recursos provenientes de organizaciones criminales», declaró.
Resoluciones previas y señalamientos de operación
Por su parte, Leonardo Zúñiga Ayala detalló que la solicitud se sustenta en expedientes previos emitidos por las propias autoridades jurisdiccionales del país. Al respecto, hizo referencia a las sentencias emitidas sobre los procesos electorales de Michoacán, Tamaulipas en 2022 y las resoluciones del Tribunal Electoral de Sinaloa, en las cuales se constató la intervención de grupos delictivos.
De acuerdo con la denuncia presentada, el partido político habría utilizado las estructuras operativas de agrupaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos para realizar movilizaciones de voto y consolidar su presencia político-electoral, otorgando presuntos beneficios posteriores a estas corporaciones delictivas como retribución.
Solicitud de un test de proporcionalidad
El documento entregado al INE sostiene que estas acciones atentan contra el principio constitucional de celebrar elecciones libres y sin violencia. Por este motivo, la organización civil requirió al órgano autónomo aplicar un test de proporcionalidad que pondere la preservación del orden constitucional por encima del derecho de asociación política.
La petición formal indica que la autoridad electoral debe evaluar elementos de contexto, tales como el uso de la violencia y el impacto disuasivo de sanciones administrativas previas, para determinar si la pérdida de registro constituye la única vía idónea para resguardar los principios democráticos.
Este recurso coincide con el análisis de otra queja en el mismo sentido promovida por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. Sobre ambas solicitudes, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, confirmó que la institución emitirá una resolución institucional durante el transcurso de esta semana. “Todo documento que se reciba en oficialía de partes es digno de atención: ciudadanos, organizaciones, partidos, todos son dignos de tener una respuesta”, puntualizó la funcionaria.
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