El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este 11 de mayo una ofensiva legal que incluye la solicitud de juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, la dirigencia nacional y sus grupos parlamentarios argumentaron que existen pruebas de una presunta asociación entre el mandatario estatal y el crimen organizado.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, precisó que la denuncia ante el tribunal internacional no solo aborda la supuesta colusión delictiva, sino que incluye cargos por delitos de lesa humanidad. Romero rechazó que los señalamientos de cortes extranjeras vulneren la soberanía nacional, calificando este argumento oficialista como un intento de confusión ante solicitudes de extradición judicializadas.
Por su parte, el Coordinador de las y los Diputados Federales del PAN, Elías Lixa, formalizó el inicio de los procedimientos internos en el Congreso de la Unión. La solicitud de juicio político se sustenta en los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento de violaciones graves a la legalidad y el incumplimiento del deber de preservar la seguridad pública.
Procedimientos legislativos y desaparición de poderes
Lixa informó que la bancada panista busca la separación definitiva del cargo de Rocha Moya para evitar que el fuero constitucional impida futuras acciones de la justicia. Asimismo, adelantó que el próximo miércoles presentarán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud formal para la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.
La oposición sostiene que en la entidad se han actualizado las causales legales para dicha medida, debido a la presunta intervención de grupos criminales en las elecciones libres y el funcionamiento del gobierno republicano. Según el coordinador parlamentario, los vínculos entre el gobierno estatal e integrantes del crimen organizado han sustituido la voluntad popular desde el proceso electoral de 2021.
Finalmente, la dirigencia de Acción Nacional advirtió que agotará todos los recursos legales para evitar la impunidad, señalando un «encubrimiento automático» por parte del Gobierno Federal ante las acusaciones contra miembros de su partido. El PAN exigió la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para inhabilitar permanentemente a los funcionarios involucrados.
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