La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directvia de la Cámara de Diputados manifestó su respaldo a la gestión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante lo que calificó como una persecución política y judicial motivada por intereses electorales. A través de un mensaje público, López Rabadán aseguró que los ataques contra el gobierno estatal provienen de sectores que buscan distraer la atención de sus propias responsabilidades institucionales.
En su argumentación, la legisladora señaló que el mecanismo de los juicios políticos está diseñado para sancionar a los «malos funcionarios». Como punto de contraste, refirió el caso de las autoridades en Sinaloa, quienes han sido objeto de señalamientos públicos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico, diferenciándolos de la actual administración chihuahuense.
López Rabadán enfatizó que la gobernadora Campos representa un modelo de combate directo contra el crimen organizado. Bajo esta lógica, la legisladora sostuvo que cualquier crítica hacia la mandataria estatal coloca a sus detractores en una posición de afinidad con los grupos delictivos que operan en la región, endureciendo el tono frente a la oposición política.
Señalamientos sobre programas sociales
Un punto central de la postura expresada por la legisladora fue la denuncia sobre la presunta instrumentalización de los programas sociales con fines electorales. Según López Rabadán, en lugar de atacar a administraciones que presentan resultados en materia de seguridad, los esfuerzos institucionales deberían centrarse en evitar el uso partidista de los recursos públicos destinados al desarrollo social.
La defensa institucional ocurre en un contexto de alta polarización política, donde las estrategias de seguridad pública son el eje del debate entre las principales fuerzas políticas. La legisladora utilizó el término «narco-encubridores» para referirse a quienes, a su juicio, utilizan las instancias judiciales para perseguir a los funcionarios que sí enfrentan a la delincuencia.
Finalmente, el pronunciamiento busca consolidar un frente de apoyo hacia el gobierno de Chihuahua ante posibles procesos legislativos o judiciales en su contra. Este respaldo se suma a las narrativas de defensa de los gobiernos locales frente a las críticas de la administración federal y sus aliados en el Congreso, perfilando la agenda de fiscalización para los próximos meses.
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