Durante el desarrollo del Foro «Ley contra el Feminicidio en México», la representante Ariana Rejón Lara se pronunció por un cambio de paradigma en el abordaje legislativo sobre la violencia de género en el país, señalando que las iniciativas enfocadas exclusivamente en la sanción penal actúan de manera posterior a los hechos y no evitan la pérdida de vidas.
En el encuentro realizado este 5 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México, Rejón Lara enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y protección inmediata a favor de las víctimas de violencia. La ponente subrayó que las políticas públicas en materia de seguridad e integridad para las mujeres deben enfocarse en la intervención oportuna de los órganos de procuración de justicia.
El foro contó con la presencia y coordinación de la Senadora Cristina Ruiz Sandoval y de la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en el Estado de México, Aurora González Ledezma, quienes encabezaron este espacio de análisis sobre las deficiencias y retos de las leyes vigentes ante la crisis de violencia contra las mujeres.
Enfoque institucional en prevención y protección
Durante la discusión legislativa y social expuesta en el evento, se analizó el alcance real de los marcos normativos punitivos. Rejón Lara argumentó que la tipificación penal o el incremento de penas no resultan suficientes si no se acompañan de redes de contención, protocolos eficaces de riesgo y medidas cautelares previas a la escalada de agresión.
En su mensaje, la especialista señaló que las demandas operativas hacia las autoridades competentes exigen la aplicación ágil de órdenes de protección y la asignación presupuestal para unidades de atención primaria, evitando que el debate sobre la violencia de género se reduzca a posturas político-electorales.
El evento reunió a integrantes del ONMPRI EDOMÉX, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sectores de la sociedad civil con el fin de articular propuestas legislativas enfocadas en la reforma integral de los protocolos de atención y sanción del feminicidio a nivel local y nacional.
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