El Diputado Federal Miguel Alonso Reyes presentó este lunes una iniciativa de reforma integral al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta busca eliminar los beneficios procesales y garantizar que los responsables de agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes cumplan penas de prisión efectiva, sin posibilidad de acceder a mecanismos que faciliten su liberación anticipada o sanciones sustitutivas.
La iniciativa surge como respuesta a la crisis de inseguridad que enfrentan los menores en el país. El legislador subrayó que, al cierre de 2025, México registró más de 16 mil 600 delitos contra este sector de la población, abarcando conductas como corrupción de menores, extorsión, feminicidios y homicidios dolosos. Ante este panorama, la reforma pretende cerrar las brechas legales que permiten la evasión de la justicia en casos de alta gravedad.
Combate a la impunidad estructural
Durante su exposición en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Alonso Reyes destacó que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en violencia sexual infantil. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la eficiencia del sistema judicial: se estima que el 97 por ciento de los delitos contra menores permanecen en la impunidad, y de cada mil casos de abuso sexual, solo uno obtiene una sentencia condenatoria firme.
«Para las víctimas, la justicia llega tarde, incompleta o nunca llega», afirmó el representante del PRI. El legislador advirtió que permitir «salidas o atajos» legales en delitos que destruyen el tejido familiar convierte a la justicia en una simulación. Por ello, la propuesta enfatiza que la gravedad del daño exige una respuesta institucional contundente que priorice el castigo físico en centros de reclusión.
Ejes de la reforma penal
La propuesta legislativa se sustenta en tres principios técnicos fundamentales. El primero establece la prohibición absoluta de acuerdos reparatorios en delitos sexuales contra menores. El segundo eje busca eliminar beneficios como la prisión domiciliaria o cualquier otra medida sustitutiva de la pena, mientras que el tercero garantiza que toda sentencia condenatoria implique, de forma obligatoria, la prisión efectiva.
Alonso Reyes mencionó que existen antecedentes recientes en entidades como Zacatecas donde la flexibilidad procesal ha derivado en la revictimización de las familias. La intención de la bancada priista es que el Estado mexicano deje de ofrecer «comodidad o privilegios» a los agresores, asegurando que el cumplimiento de la pena sea íntegro y proporcional a la afectación causada a la infancia.
Se espera que en los próximos días la iniciativa sea turnada a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados para su dictaminación. El legislador confía en que el pleno de la cámara apruebe estas modificaciones para fortalecer el marco de protección y justicia, evitando que los generadores de violencia sexual continúen delinquiendo bajo el amparo de deficiencias técnicas en los códigos vigentes.
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